Según fuentes del órgano electoral, ninguno de ellos cumple con el promedio académico mínimo requerido para ejercer una especialidad, condición indispensable para acceder al cargo.

Ante esta situación, el INE prepara la reasignación de los triunfos a los segundos lugares de cada contienda, aunque antes verificará que estos también cumplan con todos los criterios de elegibilidad.

Durante la más reciente sesión del Consejo General, se acordó ampliar la revisión a un total de 33 candidaturas que presentan inconsistencias similares.

La consejera Carla Humphrey impulsó esta revisión al advertir que dichos aspirantes no acreditan el promedio mínimo de 8 en licenciatura ni el de 9 en materias vinculadas con la especialidad judicial, como exige la norma para este tipo de cargos.

Humphrey subrayó que, aunque los aspirantes fueron seleccionados por Comités de Evaluación independientes, no todos cumplen con los requisitos constitucionales, por lo que no sería posible validar sus triunfos sin incurrir en una violación al marco legal.

Sin embargo, la decisión generó discrepancias dentro del Consejo. La consejera Dania Ravel votó en contra al considerar que el INE se estaba extralimitando en sus atribuciones.

“Se autoasignó una atribución que de facto pretende revocar lo que hicieron los Comités de Evaluación, cuando estos ya habían revisado los requisitos”, expresó.

Ravel también cuestionó la eficacia del proceso de revisión actual, al señalar que en varios casos ni siquiera se cuenta con constancias completas que acrediten el cumplimiento del promedio exigido. “Me parece que incluso la revisión es poco eficaz”, sentenció.

La resolución final del INE podría modificar significativamente la composición del nuevo cuerpo de magistrados de circuito, además de sentar un precedente sobre el alcance del instituto en los procesos de selección judicial