Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Los principales puntos de la reforma, son:
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Vigilancia de Personas Políticamente Expuestas (PEP): Se incluye a secretarios de Estado, legisladores (federales y locales), jueces, fiscales y mandos policiales en un esquema de monitoreo prioritario
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Padrón de PEP a cargo de la SHCP: Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creará y actualizará una lista nominativa con información enviada por dependencias federales, estatales, municipales, órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías
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Monitoreo de actividades vulnerables: Se obligará a sectores como casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos a implementar sistemas automáticos y manuales para detectar transacciones sospechosas, así como manuales internos de vigilancia
El senador Javier Corral de Morena, presidente de la Comisión de Justicia, defendió el dictamen como una herramienta preventivo‑administrativa, sin facultades para congelar cuentas: “no se investiga a las personas, sino movimientos financieros relevantes y sospechosos”.
Además, aseguró que el objetivo es alinearse con estándares internacionales y evitar sanciones, sin configurar un «terrorismo fiscal».
El dictamen fue aprobado en comisiones con 23 votos a favor y 6 abstenciones, sin votos en contra. Será presentado al pleno del Senado en una sesión extraordinaria la próxima semana, donde se discutirá y votará en definitiva.



