Este miércoles, el Poder Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para combatir de forma más efectiva el delito de extorsión, el cual ha crecido de forma alarmante en los últimos años y es ya una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.

La propuesta, remitida de inmediato a la Cámara de Diputados para su análisis, faculta al Congreso para expedir una ley general que homologue el tipo penal y las sanciones por extorsión en todo el país, eliminando la disparidad que actualmente existe entre los estados.

El documento también busca clasificar este delito como de alto impacto, por el profundo daño que causa no solo a las personas extorsionadas, sino a comunidades enteras y al funcionamiento económico de regiones completas.

“La extorsión no es una conducta menor. Afecta la seguridad, el patrimonio, la salud emocional y hasta la estabilidad social. Ha sido usada por la delincuencia organizada como una fuente constante de ingresos y como una herramienta para ejercer control sobre empresas, negocios e incluso instituciones públicas”, advierte el texto firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa señala que el delito ha alcanzado niveles críticos: mientras en 2018 se registraban en promedio 18.89 amenazas diarias, para enero de 2025 la cifra subió a 29.77. Es decir, un incremento de 57.6% en apenas seis años.

También alerta sobre la infiltración del crimen organizado en la vida institucional, donde funcionarios públicos son presionados o amenazados para facilitar otras actividades delictivas.

El documento subraya que esta reforma es necesaria, urgente y forma parte del compromiso del nuevo gobierno federal para garantizar la paz y seguridad en todo el territorio nacional.