El Departamento de Defensa de Estados Unidos inició el retiro de 2 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, enviados originalmente para respaldar operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las redadas migratorias que han generado intensas protestas ciudadanas y conflictos políticos.

La movilización de la Guardia Nacional, junto con 700 marines, fue ordenada en junio por el expresidente Donald Trump bajo el argumento de garantizar el “orden público” en medio de las detenciones masivas de migrantes. Sin embargo, la presencia militar fue ampliamente rechazada por autoridades locales, activistas y organizaciones civiles que la calificaron como un uso excesivo de la fuerza.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que los niveles de tensión han disminuido, lo que permite una reducción del despliegue. No obstante, aclaró que otros 2 mil elementos de la Guardia Nacional y los marines permanecerán en la ciudad para continuar con labores de apoyo a las autoridades federales.

El retiro se da luego de semanas de movilización social, protestas pacíficas y paros laborales en sectores agrícolas, donde cientos de trabajadores migrantes han denunciado redadas violentas, detenciones arbitrarias y la muerte de un jornalero durante una operación en Ventura, California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, había rechazado la intervención militar desde su anuncio, argumentando que violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del ejército en funciones policiales civiles. Aunque obtuvo una suspensión temporal en tribunales, esta fue revertida por una corte federal de apelaciones. El litigio continúa en curso.

 

«No vamos a permitir que se utilice al Ejército contra nuestra gente. Esta presencia no es bienvenida en California”, declaró Newsom en conferencia de prensa.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también celebró la reducción del contingente militar, asegurando que responde a la presión social:

“Esto demuestra que la protesta organizada y la resistencia ciudadana sí funcionan. Pero la lucha no ha terminado”.

El caso permanece bajo revisión judicial. Un tribunal federal evaluará el próximo mes si la actuación de los militares incurre en violaciones constitucionales o en atribuciones exclusivas de las autoridades locales. Mientras tanto, continúan las exigencias de retiro total y la demanda de una política migratoria más humana.