La Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI y exgobernador de la entidad, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 80 millones de pesos del erario público.
El expediente detalla delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, con base en operaciones financieras irregulares y triangulación de recursos públicos durante su administración estatal.
En lugar de responder con argumentos jurídicos, Moreno desestimó las acusaciones y acusó al gobierno federal de orquestar un ataque político. “Es un distractor del narcogobierno de Morena… simplemente un juego para desviar la atención porque se están cayendo a pedazos”, declaró en entrevista con El Universal, sin ofrecer pruebas ni abordar el fondo de las imputaciones.
El líder priista insistió en que las autoridades “no tienen nada en su contra”, pese a que la Fiscalía de Campeche documentó irregularidades graves que podrían derivar en responsabilidad penal.
La solicitud de desafuero fue presentada el pasado 23 de julio, y la Cámara de Diputados deberá determinar si se le retira la protección constitucional para que enfrente un juicio.
Mientras tanto, crece la presión social y política en Campeche para que Moreno rinda cuentas ante la justicia por los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador, marcada por señalamientos de opacidad, tráfico de influencias y uso político del poder.
