El presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Comercio iniciar de inmediato un nuevo censo poblacional con el objetivo de excluir a personas en situación migratoria irregular, pese a que el próximo conteo oficial está programado para 2030.
El anuncio se realizó a través de su plataforma Truth Social y ha generado controversia constitucional, ya que la Carta Magna de Estados Unidos establece que el censo se efectúa cada diez años y debe contar a todas las personas residentes, sin importar su estatus migratorio.
Aunque el Congreso —de mayoría republicana— puede autorizar censos intermedios con fines estadísticos, estos no pueden utilizarse para redistribuir distritos electorales o reasignar escaños sin una reforma legal específica. Analistas señalan que la medida podría abrir la puerta a un rediseño electoral favorable al Partido Republicano, sobre todo en estados con alta población migrante como Texas y Florida.
La propuesta de Trump coincide con esfuerzos en varias legislaturas estatales para redibujar mapas electorales y reforzar su representación en la Cámara de Representantes. Legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles han advertido que este tipo de acciones representan un intento de exclusión política de comunidades enteras.
Desde su primer mandato, Trump ha intentado modificar el conteo poblacional para dejar fuera a los indocumentados. En 2020, su gobierno buscó implementar un cambio similar, pero fue frenado por la Corte Suprema.
