El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, sobre la construcción de dos plantas termosolares con almacenamiento en Baja California Sur no es un hecho aislado: es el inicio de una ruta de transformación que busca recomponer el sistema eléctrico nacional con visión de largo plazo. Al apostar por energía limpia y despachable, el gobierno no solo atiende un reto técnico, sino que afirma con claridad que la soberanía energética es condición de justicia y de desarrollo.
El énfasis en reforzar la red de transmisión forma parte de esta misma visión. Una red moderna y robusta no es un lujo: es lo que permite que la energía renovable producida en distintas regiones llegue con calidad y estabilidad a hogares, escuelas, hospitales e industrias. Optimizar esas líneas significa que el país puede elevar su productividad, atraer inversión industrial y garantizar que la electricidad, bien público estratégico, se distribuya de manera equitativa, no como mercancía sujeta a la especulación.
La productividad nacional no se limita a que las fábricas tengan electricidad para operar. Se sostiene también en la seguridad energética cotidiana: que en cada hogar haya luz estable para estudiar y trabajar, que los espacios públicos estén bien iluminados y que hospitales y servicios esenciales funcionen sin interrupciones. Un sistema eléctrico confiable fortalece tanto la vida comunitaria como la competitividad económica, porque la energía es la base invisible de casi todo lo que hacemos.
Aquí entra en juego la idea de justicia energética. No se trata únicamente de contar con más megawatts, sino de asegurar que cada kilowatt llegue con confiabilidad y a precios justos. Cuando se refuerza la transmisión y se planifica con mirada nacional, se cierra la brecha entre regiones privilegiadas y regiones históricamente rezagadas. Este es el tipo de decisiones que corrigen desigualdades estructurales y convierten a la transición energética en un vehículo de inclusión.
La presidenta Sheinbaum y la secretaria Luz Elena González han dejado claro que el eje de esta transformación es la rectoría del Estado. Solo con liderazgo público es posible ordenar la inversión, priorizar el interés social y dar certidumbre a los proyectos. La rectoría no significa exclusión de capital privado, sino reglas claras que alinean a todos los actores detrás de un mismo propósito: garantizar seguridad energética y prosperidad compartida.
México está mostrando que una transición energética real no se mide solo en porcentajes de renovables, sino en la capacidad de convertir soberanía en certidumbre y certidumbre en prosperidad. Con liderazgo presidencial, visión de Estado y planeación técnica de largo aliento, el país empieza a dar forma a un sistema eléctrico que protege a su gente, fortalece su economía y coloca a la justicia energética en el centro de la vida pública.
