El Gobierno mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que no dudará en presentar denuncias penales contra las empresas farmacéuticas que incumplan de manera “malintencionada” con el suministro de medicamentos esenciales, incluyendo insumos oncológicos y materiales de curación.
Durante la conferencia de prensa del 23 de septiembre, la mandataria advirtió que “ahí donde se encuentre que es mal intencionado, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se le vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”. Sheinbaum aseguró que algunas quejas sobre deficiencias en el sistema de salud buscan proteger privilegios que algunas compañías tenían en la distribución de medicamentos, los cuales ya fueron eliminados.
32 empresas bajo la lupa
Según Eduardo Clark, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, aunque se ha logrado avanzar hacia el 100 por ciento del suministro de medicamentos en IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, hay 32 empresas que registran retrasos superiores al 50 por ciento desde que ganaron las adjudicaciones hace más de cuatro meses. Estos incumplimientos afectan a millones de piezas de medicamentos y materiales médicos, poniendo en riesgo el tratamiento de pacientes en todo el país.
Entre las farmacéuticas con mayor retraso destacan:
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Amarox Pharma: 9.3%
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Novag Infancia: 16.7%
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Zeux Lifesciences: 16.7%
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Laboratorios Pisa: 16.8%
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Zurich Pharma: 18.3%
Mientras que empresas como Bioxintegral lograron cumplir al 100%, y Productos Farmacéuticos al 88.6%. El resto de las compañías presentan porcentajes intermedios que muestran un cumplimiento parcial, insuficiente para garantizar la entrega de medicamentos a tiempo.
“No podemos llegar al cien por ciento si los proveedores que asumieron compromisos formales con el gobierno de México no los cumplen. Por eso, a los que nos están escuchando ahora les pedimos que se tomen en serio los compromisos que han hecho y le queden bien a los pacientes de nuestro país”, enfatizó Clark.
Medidas en puerta
El Gobierno da una cuenta regresiva a los proveedores para que cumplan con lo pactado. Además de posibles sanciones económicas y la exclusión de futuras licitaciones, las compañías que incumplan de forma deliberada podrían enfrentar acciones legales por delitos contra la salud.
Con esta medida, la administración busca garantizar la disponibilidad de medicamentos críticos, proteger a los pacientes y reforzar la responsabilidad de las farmacéuticas frente a compromisos adquiridos con el Estado mexicano.
