Este 28 de enero pude asistir al Esmeraldatón, una carrera de 1 km organizado por José Luis Castillo Carrerón y Martha Rincón (padres de Esmeralda), de la mano de distintas organizaciones, para celebrar —a manera de protesta—, el cumpleaños número 25 de Esmeralda Castillo quien desapareció hace 10 años en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta es la quinta carrera que organizan los padres de Esmeralda, quienes no han dejado de luchar por encontrar a su hija para concientizar a la población y a las autoridades del latente problema que seguimos padeciendo en la frontera en materia de trata de personas y desaparición de mujeres. Cuando Esmeralda fue vista por última vez, tenía tan solo 14 años, cursaba su segundo año de secundaria, tenía buenas calificaciones y soñaba con celebrar sus XV años para algún día ser veterinaria.   Sin embargo, la proyección hacia el futuro se vio interrumpida en una de las ciudades más peligrosas para ser mujer, donde los feminicidios y las desapariciones de mujeres han sido una constante desde 1993, agudizándose en el calderonismo, cuando en 2009 desapareció Esmeralda y persistiendo hasta este 2020. El señor Castillo tiene una década buscando incansablemente a su hija, a pesar de las adversidades de autoridades que le dan largas o simplemente le ignoran. El deseo ferviente por encontrar a su hija lo ha llevado a disfrazarse de “borracho” para vigilar los bares de la zona centro en busca de pistas y hasta ser detenido en 2012 por interpelar a César Duarte Jáquez cuando era gobernador de Chihuahua. El señor José Luis Castillo dando la señal de arranque a la carrera en homenaje a su hija. Hace unos días, previo al Esmeraldatón escuchaba a una persona que comentando el tema de Esmeralda, dijo, desde la indolencia, que lo mejor era que los padres “le dieran vuelta a la hoja”; por desgracia, esa insensibilidad no es un pensamiento aislado, sino que se ha reproducido de manera estructural en los operadores jurídicos que se suponen deberían perseguir los delitos y seguir con las investigaciones. Este “ethos” de la indiferencia hacia el dolor de los padres que pierden a una hija ha sido una constante que genera escenarios de revictimización bastante lamentables desde hace tiempo. Al respecto, viene a mi memoria durante mi instancia como asistente de investigación en el Observatorio de Violencia Social y de Género de Ciudad Juárez, leer en los testimonios de las madres que era recurrente que los ministerios públicos, al momento de presentar la denuncia porque sus hijas no llegaban a casa, recibieran como respuesta por parte de los agentes un “seguro está con el novio” o “debe andar de fiesta, espérese señora” mermando las primeras 72 horas que son clave en la búsqueda dejando solo la sensación de angustia y lágrimas en el rostro de las madres.No obstante estas actitudes que develan la pasividad del Estado de manera transexenal ante las desapariciones y feminicidios sistemáticos; la determinación de los familiares ante las omisiones y complicidades de las autoridades ha sido el elemento inexorable que ha empujado una agenda en la defensa por los derechos de la mujer, la cual ha llegado a recomendaciones y sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Campo Algodonero, 2009) que se han traducido en leyes. Tal es el caso de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para personas Desaparecidas publicada en 2018 y la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares publicada en 2017 que tienen como parte de sus principios rectores la “presunción de vida” así como sanciones a aquellos funcionarios que obstaculicen las investigaciones por sus prejuicios. Estos instrumentos jurídicos son el producto histórico de poco más de una década de crisis de derechos de las humanas en Ciudad Juárez. Una ciudad donde las más vulnerables son mujeres trabajadoras de la maquila que se ven expuestas en las zonas periféricas de una urbe con un pésimo desarrollo urbano, donde la voracidad de los desarrollos inmobiliarios y la venia de los cabildos responden a la ambición y no a una planeación que vele por la prevención y la seguridad de su población más pobre con calles a oscuras, sin pavimentar y con un sistema de transporte paupérrimo que deja a su suerte a miles de mujeres de clase trabajadora. Porque el problema obedece a un elemento económico, donde los contextos de precarización en cocktail con una cultura híper machista son la amalgama perfecta que han potencializado un ambiente ominoso para el género femenino. Así, bajo las consignas que fueron pronunciadas al finalizar el Esmeraldatón como “¡SON NUESTRAS HIJAS, NO MERCANCÍAS !” se escucha el reclamo legítimo hacia todo un sistema neoliberal que ha mercantilizado los cuerpos femeninos suplantando cualquier pizca de humanismo por parte de las autoridades que deberían proteger a las gobernadas. Pastel en homenaje al cumpleaños número 25 de Esmeralda Castillo. Lugar donde desapareció en el Centro de Ciudad Juárez. Fotografías: Fernando Chacón. Al término de la carrera la gente se conglomeró alrededor del pastel de Esmeralda y fue la señora Martha, su madre, quien tomó el micrófono para exigir justicia y cerrar con un lapidario: “Esmeralda cumple años porque para mi sigue viva”. Esa es la presunción de vida a la que ahora, por ley, las autoridades tienen la obligación de seguir buscando a Esmeralda y a todas las mujeres que siguen sin regresar a casa porque para sus familias y para la ley siguen con vida. Este Gobierno tiene una deuda histórica con ellas, con las víctimas de abajo, aquellas que no tienen los reflectores y recursos ni los contactos para cabildear sus casos pero que hacen eventos como el Esmeraldatón donde corren para mantener la llama de la memoria encendida en búsqueda de justicia para sus hijas. Para que la norma se haga eficaz se debe tener detrás la voluntad política que active todos los órdenes de gobierno y la búsqueda por garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas de la violencia que heredamos como un mal que en sus causas más profundas está la respuesta para combatirla. En contraste, la labor que está haciendo el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas desde Gobernación en materia de desaparición de personas, dista mucho de el desdén con el que trataron a las víctimas en administraciones pasadas. Esperemos que siga adelante y voltee a ver el caso de Esmeralda y de todas las familias que siguen en la lucha. Porque Esmeralda no murió, aquí desapareció.