La diputada local de Morena, Leonor Gómez Otegui, ha propuesto una nueva iniciativa de ley ante el Congreso de la CDMX que pretende regular el contenido en redes sociales de las y los denominados influencers. Esta propuesta ha generado un intenso debate en torno a la libertad de expresión, la responsabilidad digital y el creciente poder de los influenciadores en la vida pública.
La iniciativa busca establecer directrices claras sobre lo que puede o no ser compartido en plataformas digitales como TikTok, particularmente en lo que respecta a la promoción de productos o publicidad engañosa y retos que pongan en riesgo la integridad física de las personas, servicios o contenidos que puedan ser perjudiciales para la sociedad, especialmente para menores de edad. Según la diputada Otegui:
“Esta ley pretende combatir la desinformación, la explotación comercial sin control y los discursos de odio que a menudo se difunden bajo el manto de la libertad de expresión en internet.”
La iniciativa plantea reformar el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (para evitar proselitismo en veda electoral), y la Ley de la Administración Pública Federal, para crear la “Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de «Influencers» en medios digitales”, para que las personas físicas y morales puedan interponer quejas cuando detecten actos de discriminación contrarios a dignidad y derechos humanos.
Si bien la propuesta tiene la intención de establecer un marco de responsabilidad para los influencers, hay varios puntos que merecen un análisis detenido. Primero, la distinción entre regular contenidos dañinos y caer en prácticas de censura es una línea delicada. La libertad de los creadores de contenido para expresar sus opiniones y generar material original no debe caer en una regulación excesiva. Sabemos que las plataformas digitales están llenas de información no verificada y en ocasiones peligrosa, pero por el otro lado es cierto que este tipo de regulaciones pueden ser utilizadas de forma arbitraria, limitando la creatividad y la autonomía de quienes participan en estos espacios.
Nos hacemos varias preguntas cuando escuchamos “regulación de contenido”: ¿Quién determinaría qué contenido es adecuado y qué no lo es? ¿Cuáles serían los criterios para considerar que un influencer ha cruzado la línea entre la libertad de expresión y la difusión de contenido dañino? Las redes sociales son un terreno en constante cambio, y lo que hoy es tendencia puede mañana ser obsoleto. Crear un marco normativo que se ajuste a esta velocidad es, sin duda, un reto, pero no imposible.
En cuanto a la lucha contra la desinformación, la propuesta también plantea un desafío. Si bien se busca que los influencers actúen con responsabilidad, la labor de regular las redes sociales de manera efectiva no puede recaer únicamente sobre ellos. Es fundamental que las plataformas digitales también se hagan responsables del contenido que circula, y que exista un sistema efectivo de verificación de información, con participación activa de expertos en la materia. Derivado de esta ley, las plataformas digitales estarían obligadas a adecuarse, favoreciendo el contenido.
La iniciativa de la diputada Otegui refleja una preocupación latente ante los peligros que representan los contenidos irresponsables en las redes sociales. Sin embargo, es crucial que cualquier intento de regulación se haga con una visión equilibrada que no limite la libertad de expresión ni la creatividad de los creadores de contenido. En lugar de una censura implícita, lo que debe prevalecer es un enfoque de educación digital y promoción de estándares éticos que fomenten un entorno en línea más saludable, sin perder de vista la pluralidad y la diversidad de las voces digitales.
