El acceso a la justicia es sin duda uno de los derechos humanos más importantes, el cual se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece que todas las personas podrán acudir ante tribunales imparciales y expeditos para obtener la protección de sus derechos, sin discriminación alguna.
En este sentido, sin este derecho es claro que, las personas no podrían defenderse, quedando expuestas ante los abusos de las autoridades o de otras personas. Por ello, el acceso efectivo a la justicia de manera pronta, completa e imparcial resulta esencial para garantizar el pleno ejercicio de otros derechos y libertades ciudadanas creando un ambiente de estabilidad, seguridad jurídica y bienestar.
Sin embargo, el acceso a la justicia se ha visto afectado por la burocracia desmedida, la corrupción, las barreras económicas, entre muchos otros factores; lo que ha impedido que los grupos históricamente menos favorecidos accedan a la justicia de forma pronta y expedita, vulnerando con ello su dignidad humana.
Lo anterior es más visible si se identifica el distanciamiento entre la ciudadanía y el Poder Judicial, el cual se ha alejado de la realidad en la que viven millones de mexicanos, dejándose de atender las dimensiones humanas, sociales y culturales de cada caso, perdiendo el rostro humano de la justicia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2024), en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, sólo el 10.4 % se denunció. Por lo que, del total de delitos ocurridos, 92.9 % no se investigó (cifra oculta o cifra negra). Además, del 68.0 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 % no pasó nada o, no se resolvió la denuncia y en 27.6 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023.
Ante ello, hoy necesitamos transformar la justicia con un enfoque más humano que reconozca la complejidad de los conflictos y la importancia de proteger y restaurar la dignidad de todas las personas involucradas. Se requiere desarrollar e implementar una Política Nacional en la que los procesos judiciales partan desde una óptica donde la justicia esté centrada en las personas en el marco de un estricto estado de derecho.
Debemos transformar la visión de que el derecho a la justicia es un privilegio para las élites, y que es económicamente inaccesible para los que menos tienen, restaurando la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.
Ya que cuando las personas puedan recurrir a un sistema judicial que les brinde un juicio justo, oportuno y equitativo, entonces innegablemente se reforzará el reconocimiento y el respeto de sus derechos fundamentales. Para ello, se considera que el respeto a la dignidad humana, la empatía y la equidad, son factores clave para acercar el sistema judicial a las necesidades y realidades de las personas.
En este tenor, necesitamos un sistema de justicia centrado en la ciudadanía, que sea accesible para todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica o cultural; que promueva el desarrollo de habilidades interpersonales, por parte de quienes participan en la impartición de justicia (jueces, abogados, funcionarios, etc.) para que comprendan el contexto humano detrás de cada conflicto o delito, considerando factores sociales, emocionales y culturales.
Asimismo, se debe brindar un acceso igualitario a la justicia, mejorando los servicios jurídicos para las poblaciones vulnerables y en zonas marginadas. Sin duda es necesario seguir trabajando en la búsqueda de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la justicia restaurativa, priorizando el diálogo, la reparación de relaciones y la imposición de sanciones alternativas como se ha visto en la justicia terapéutica, en lugar de la confrontación.
Promover la integración de tecnologías será fundamental para digitalizar procesos a fin de agilizar trámites, reducir tiempos de respuesta y aumentar la transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer el estado de sus casos y las normativas vigentes en todo momento.
Avanzar hacia el acceso a la justicia para todos con una visión más humana, es fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones, proteger los derechos de las personas y fomentar una sociedad más equitativa y pacífica.
