Por: Ariadna Camacho
En esta semana se conmemoró el 108 Aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna, promulgada el 5 de febrero de 1917, es el documento más importante que derivó de la lucha revolucionaria de 1910, ya que, al incluir las demandas de la población mexicana, fortaleció nuestro sistema político y garantizó por primera vez los derechos sociales de las personas.
Esta misma Constitución nos rige en la actualidad, y representa un baluarte de la democracia de nuestro país. Por lo anterior, uno de los grandes retos que tenemos, es hacer de la Constitución una realidad vigente en la vida diaria de las personas.
Hoy, México experimenta un proceso de transformación política sin precedentes, donde la ciudadanía ha demandado la trasformación de la vida pública. Uno de los cambios más significativos que se ha generado, es el que ocurrió al interior del Poder Judicial. La ciudadanía ha alzado la voz y ha apoyado un conjunto de reformas que buscan poner fin a la impunidad, y a la corrupción. Tenemos una ciudadanía más participativa que exige sancionar la mala praxis de servidores públicos que se sirven del poder y que se esmeran en denostar la noble labor de servir al pueblo, ante ello, es tarea del Estado generar los canales idóneos para establecer un diálogo permanente con la población, caracterizado por la escucha activa, la empatía y la solidaridad.
Es el momento idóneo para tender puentes entre el Poder Judicial y el pueblo. Es necesario escuchar las problemáticas cotidianas y que con mayor frecuencia enfrenta la población mexicana. Para ello, necesitamos jueces con un sentido más humanitario, sensibles ante la realidad que se vive a diario en nuestro país. No podemos permitir que la técnica jurídica y el trabajo de escritorio nos aleje de nuestra sociedad, porque afuera de una oficina, todos somos ciudadanos, todos somos México.
La justicia debe estar al alcance todos y no sólo de unos cuantos. La principal labor del Poder Judicial consiste en administrar justicia, interpretando las leyes y resolviendo conflictos de forma pronta, imparcial y expedita, en estricto apego a los derechos fundamentales.
Vivir en democracia implica que todos y todas, sin importar nuestra condición, preferencias, o trabajo podamos ser respetados y podamos respetar a los demás en un entorno de paz y convivencia, bajo las leyes, que a través de nuestros representantes hemos elegido, y que, si esas leyes se transgreden, se sancione de forma justa y proporcional a quien lo hizo, porque si no tenemos justicia, no podemos hablar de democracia.
Hoy, en el marco de un nuevo Poder Judicial, se vislumbra una renovación estructural que se alinea a los cambios sociales generados en los últimos años. Estamos frente a la oportunidad de impulsar una impartición de justicia más cercana a las personas, a través de la incorporación de juezas y jueces más sensible ante las problemáticas que día a día enfrentan las y los mexicanos.
Nuestra sociedad demanda la impartición de justicia, demanda el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos, demanda un lenguaje ciudadano o común para ser atendida de forma oportuna, sin ese distanciamiento e indiferencia que con frecuencia se observa en los procesos judiciales.
Con el Tribunal de Disciplina Judicial se ha modificado el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial. Ahora, se podrán recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilícitas y, en su caso, se sancionará a las personas servidoras públicas que no cumplan con el marco legal; además de que se evaluará y dará seguimiento al desempeño de los Órganos Jurisdiccionales.
Se contará con procesos de evaluación del desempeño que valorarán: 1) Conocimientos y competencias (técnicas, éticas y profesionales); 2) El dictado y cumplimiento oportuno de resoluciones; 3) La adecuada gestión de recursos humanos y materiales; 4) La productividad del Órgano Jurisdiccional; 5) La capacitación y desarrollo de las personas servidoras públicas; y 6) La satisfacción de las personas usuarias del sistema de justicia.
Ahora, se busca garantizar una justicia real, cercana y accesible para todas las personas. Con el Tribunal de Disciplina Judicial, tendremos un Poder Judicial libre del tráfico de influencias, hechos de corrupción, complicidad y/o encubrimiento de delincuentes, nepotismo y prácticas de jueces que no se ajusten a principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.
Estamos en un proceso de transformación de la vida pública que decidió el Pueblo de México. El gran reto del nuevo Poder Judicial consiste en que la justicia llegue a todas y a todos, particularmente, a quienes menos tienen. Unidos sí es posible. Trabajemos mano a mano con la ciudadanía.
@ariadnacamacho
Abogada, orgullosa de ser mexicana, apasionada por la justicia… y el chocolate.
