La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) provocó ataques verbales desmedidos en contra de su persona; una forma distinta de violencia, pero que nos recuerda su toma de protesta de hace cinco años. Identificar a los agresores y analizar sus declaraciones nos permite dimensionar lo que está en juego alrededor del nombramiento para encabezar una institución que nació en 1990, como una medida estratégica del gobierno mexicano para garantizar credibilidad política y social, en los momentos que Carlos Salinas de Gortari buscaba consolidar acuerdos internacionales, como el TLC y la OCDE, pero sin la auténtica vocación de proteger los derechos humanos.
El violento intento del senador del PAN, Gustavo Madero, para impedir la toma de protesta de la Maestra Piedra Ibarra el 12 de noviembre de 2019, anticipó las dificultades que enfrentaría la nueva titular para revertir los sesgos perversos que tuvieron las investigaciones de la CNDH desde su creación.[1] Para vencer estás resistencias se propuso incorporar en el eje de su administración los principios del Comité ¡Eureka!; un colectivo político-social de base, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra junto con familiares de desaparecidos; con un enfoque centrado en las víctimas, y con autonomía de agendas globalistas.[2]
Durante la gestión de Piedra Ibarra supimos que el primer titular de la CNDH, Jorge Carpizo McGregor —el exrector de la UNAM que originó el conflicto estudiantil de 1986/87, hecho que dio inicio a la vida política de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum—, se prestó a la tarea de destruir la evidencia sobre uno de los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos en México durante la mal llamada Guerra Sucia: el de presuntos desaparecidos en el Estado de Guerrero entre 1970 y 1974, cuya investigación estuvo directamente a su cargo y de la que se conocen dos versiones del llamado Informe Carpizo, en los que ocultó nombres de numerosas víctimas de persecución política, detención arbitraria, prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, y sus agravantes.[3]
Detalles de lo anterior fueron revelados el año pasado en la Recomendación por Violaciones Graves 98VG/2023. Y aunque en 1992 la CNDH ganó autonomía del Ejecutivo, y con ello la facultad de promover controversias constitucionales, la Comisión continuó sirviendo como pantalla de simulación para encubrir las deficiencias democráticas, ineficiencias sociales y la estrategia represora del régimen del PRI. De acuerdo con la citada recomendación, las investigaciones realizadas entre 1990 y 2001 no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia y aún de complicidad por parte de las autoridades. Sus pesquisas enfatizan la extrema violencia de las fuerzas armadas mexicanas en el exterminio político e ideológico sistemático de personas y grupos opositores, pero continúan ocultando la participación de legisladores, jueces, empresarios, directores de medios de comunicación, líderes religiosos, diplomáticos y militares extranjeros, grupos paramilitares, guardias rurales, la policía secreta y hasta supuestos defensores de derechos humanos.
Sacar a la luz detalles relevantes sobre crímenes del pasado, ocultos durante décadas, ha sido posible por la independencia que la nueva CNDH ha logrado ante presiones sociales e injerencias internacionales, y por esto mismo, algunos sectores sociales se opusieron a la reelección de Piedra Ibarra. En particular llamó la atención la virulenta arremetida que abanderó Javier Corral, curiosamente también Senador por Chihuahua, quién en 2019 era el gobernador del Estado y aliado político de Gustavo Madero, en comparsa con algunas voces públicas autodenominadas de izquierda y representantes de grupos defensores de derechos humanos, utilizando la técnica de manipulación mediática favorita de la oposición: el nado sincronizado[4]. Lo anterior nos obliga a preguntarnos qué elementos tienen en común quienes se manifestaron en contra de la reelección de Rosario Piedra.
El Comité ¡Eureka! ha denunciado durante décadas la influencia de actores internacionales en las políticas de seguridad y su rol en las violaciones de derechos humanos en México.[5] Por lo anterior ha declinado aceptar fondos de organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, Human Rights Watch, WOLA, la OSF de George Soros, el Wilson Center y agencias como la USAID, o la NED. Este rechazo parte del principio que aceptar financiamiento influye en la independencia y narrativa de las organizaciones, en especial cuando provienen de entidades con vínculos gubernamentales o agendas específicas. Por lo tanto, es necesario analizar las ligas económicas e ideológicas de los detractores de la nueva CNDH con estas agencias, institutos y organizaciones para así entender de parte de quién realmente nos están hablando.
[1] Posteriormente, en 2020, ocurrió la toma de la CNDH por feministas financiadas por una empresa facturera, eventos en los que se destruyeron también expedientes de víctimas .
[2] Rosario Ibarra de Piedra Pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México. Fundadora del Comité ¡Eureka!
[3] Recomendación 98 VG/2023 – Complicidad de administraciones pasadas de la CNDH
[4] #Entrevista ¬ Partidos y membretes son quienes critican a Rosario, no las víctimas: Claudia Piedra
