Durante más de seis décadas se ha intentado explicar la realidad cubana sin mirar el contexto en el que ha ocurrido. La discusión suele simplificarse, unos hablan exclusivamente del sistema político de la isla y otros de sus dificultades económicas, como si Cuba hubiera transitado su historia reciente en condiciones normales. Pero hay un dato que no puede omitirse si se quiere entender lo que ocurre hoy, que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos comenzó en 1962. Han pasado ya más de seis décadas. Para dimensionarlo con claridad, basta pensar en una vida humana completa. Una persona pudo haber nacido el mismo año en que comenzó el bloqueo, vivir toda su existencia bajo ese régimen de sanciones y morir sin haber conocido un solo día en que su país comerciara libremente con el mundo. Cuando un proceso dura tanto tiempo deja de ser una coyuntura y se convierte en el entorno estructural en el que vive toda una sociedad.
El embargo estadounidense no es una sanción simbólica. Se trata de un entramado legal que restringe el comercio, limita el acceso a financiamiento internacional, sanciona a empresas que comercian con la isla e incluso penaliza a embarcaciones que atraquen en puertos cubanos. Durante décadas estas medidas han dificultado la compra de alimentos, medicinas, tecnología médica, maquinaria y el acceso a créditos internacionales. Sus efectos han sido reconocidos de manera reiterada por la comunidad internacional. Cada año la Asamblea General de la ONU vota una resolución que pide poner fin al bloqueo. La votación más reciente fue la número 33 sobre este tema, cuya primera discusión en Naciones Unidas comenzó en 1992. En esa ocasión más de 180 países respaldaron la resolución para terminar con el embargo, mientras que solo siete países votaron en favor de mantenerlo. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Estos resultados muestran que el bloqueo no es una política avalada por la comunidad internacional, sino una decisión unilateral que ha marcado la vida económica de la isla durante generaciones
Frente a esa realidad, la discusión que aparece en México cada vez que se plantea algún tipo de ayuda humanitaria resulta reveladora. Hay quienes reaccionan con mezquindad ante cualquier gesto de solidaridad, como si el sufrimiento de un pueblo fuera un asunto que mereciera cálculo político o burla. Se escucha entonces el argumento fácil, “que si en cuba necesitan ayuda mejor debería regalárselos a un mexicano”, o que “México no debería involucrarse”. Sin embargo, esa postura desconoce una tradición profunda de la política exterior mexicana, que es la defensa de la soberanía de los pueblos y la solidaridad internacional frente a medidas que afectan directamente a la población civil. México nunca rompió relaciones con Cuba, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, precisamente porque entendió que el aislamiento absoluto no resuelve los conflictos ni mejora la vida de la gente.
La solidaridad no significa negar los problemas internos de ningún país. Significa reconocer que la población civil no debe ser rehén de disputas geopolíticas prolongadas. Cuando un bloqueo económico dura más de sesenta años deja de ser una presión diplomática y se convierte en una realidad que atraviesa generaciones completas. Quienes hoy miran con desdén el sufrimiento de la isla deberían recordar que las crisis humanitarias rara vez se explican por una sola causa, pero sí pueden agravarse con sanciones externas que limitan las posibilidades de desarrollo.
En medio de la crisis actual conviene recordar algo elemental. Más allá de las diferencias ideológicas o de los debates políticos legítimos, lo que está en juego es la vida cotidiana de millones de personas que durante décadas han vivido bajo un régimen extraordinario de sanciones económicas. Ante esa realidad, la solidaridad entre pueblos no es ingenuidad ni debilidad. Es una expresión concreta de humanidad. En esa convicción se inscriben también el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han insistido en que la política exterior de México debe responder al espíritu del humanismo mexicano, que coloca la dignidad de los pueblos por encima de la mezquindad y del cálculo político.
