La sostenibilidad en México ha dejado de ser una aspiración lejana para convertirse en una exigencia concreta de política pública. No se trata solo de una idea bien intencionada, sino de un cambio de fondo en la manera en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el entorno. De ello depende no solo el equilibrio ambiental, sino también el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En este contexto, la reciente legislación en materia de economía circular, publicada en enero de este año, representa un punto de inflexión. Al incorporar el principio de responsabilidad extendida del productor, establece que las empresas no solo fabrican y venden productos, sino que también deben hacerse cargo de su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto implica dejar atrás el modelo tradicional de “extraer, usar y desechar”, que hoy resulta insostenible y rebasado, para avanzar hacia uno que prioriza la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos. Más que un cambio técnico, es una nueva forma de entender el papel de las empresas: la sostenibilidad ya no es opcional, es una condición para su permanencia.
Sin embargo, ninguna ley es suficiente por sí sola. Su efectividad dependerá de que las empresas vayan más allá del cumplimiento formal y asuman la sostenibilidad como una estrategia de largo plazo. No se trata únicamente de atender una obligación regulatoria, sino de reconocer el valor que tiene para su propia viabilidad. En un entorno marcado por la creciente escasez de recursos, las empresas que no adapten sus procesos enfrentarán mayores riesgos y menor capacidad de respuesta. Por el contrario, aquellas que incorporen criterios de eficiencia y circularidad estarán mejor posicionadas para sostenerse en el tiempo.
El caso del agua es ilustrativo. Aunque el estrés hídrico no afecta de manera uniforme a todo el país, sí se concentra en regiones clave para la actividad industrial, particularmente en el norte y el centro. De no modificarse las prácticas actuales, se estima que para 2050 el número de entidades con altos niveles de estrés hídrico podría pasar de 11 a 20, abarcando cerca del 60% del territorio nacional. Este escenario no solo representa un desafío ambiental, sino un riesgo directo para la continuidad de múltiples actividades productivas.
La economía circular, en este sentido, no debe entenderse como una carga, sino como una oportunidad. Puede detonar innovación, atraer inversiones y generar empleos, al tiempo que reduce presiones sobre los recursos naturales. Pero para que esto ocurra, es indispensable construir una cultura que acompañe la ley. Sin la apropiación de estos principios por parte de las empresas y la sociedad, cualquier esfuerzo normativo corre el riesgo de quedarse en el papel.
El desafío es claro: pasar de la norma a la práctica. Para ello, será clave articular incentivos adecuados y un andamiaje institucional que facilite la adopción de estas prácticas. En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por ejemplo, la economía circular abre la puerta a una integración productiva más sostenible en América del Norte, capaz de fortalecer la competitividad regional y atraer nuevas inversiones.
Se trata, en suma, de que las empresas reconozcan el valor estratégico de esta transición, pero también de que el Estado genere condiciones claras para su implementación: reglas, seguimiento y apoyo técnico donde sea necesario. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Apostar por la sostenibilidad no implica frenar el crecimiento, sino hacerlo viable, resiliente y duradero frente a los desafíos del futuro.
