Por: Frank Aguirre
En México hay instituciones que durante décadas funcionaron como cajeros automáticos de privilegios: burocracia cara arriba, deudas eternas abajo. El INFONAVIT fue una de ellas. No por origen —nació para proteger a las y los trabajadores— sino por captura: por el desvío de su misión hacia un modelo donde la vivienda se convirtió en negocio y el derecho en mercancía.
Por eso lo que hoy ocurre no es un “ajuste administrativo”. Es una disputa de proyecto nacional.
En lo que va de 2026, bajo la conducción de Octavio Romero Oropeza, el INFONAVIT se mueve en una dirección que incomoda a los de siempre: volver a ser herramienta de justicia social. Por eso el golpeteo mediático a principios de año contra su director, y es que la transformación institucional se nota en tres frentes que, juntos, explican el tamaño del cambio.
Primero: vivienda para quien nunca fue prioridad. El Programa de Vivienda para el Bienestar no es un slogan; es una operación de Estado. SEDATU ya planteó que en 2026 se construirán más de 400 mil viviendas dentro del programa. Y en la práctica se observa el despliegue territorial: arranques y entregas en entidades como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán, con el sello de una política pública que pone el suelo, el crédito y la planeación al servicio del derecho.
Segundo: la deuda histórica. Millones de familias cargaron durante años créditos diseñados para no terminarse de pagar. “Impagables” no por irresponsabilidad del trabajador, sino por ingeniería financiera y abuso institucional. Hoy la reestructura avanza y se reporta ya con bajada concreta en estados, con cifras estatales y casos que muestran que el INFONAVIT dejó de ser trampa y empieza a ser salida.
Tercero: democratizar el acceso. Durante años, el sistema de puntos fue una aduana social: quien ganaba poco, quien tuvo tropiezos, quien trabajaba con condiciones precarias quedaba fuera. En 2026 se documenta el giro con el modelo T100, reduciendo el umbral de puntos requerido y tumbando barreras para quienes ganan 1–2 salarios mínimos. Y también se eliminan castigos típicos del buró que funcionaban como condena perpetua para la clase trabajadora.
A esto se suma algo que suele pasar de largo: no todo es compra de vivienda. El mejoramiento (como Mejoravit) forma parte del ecosistema de soluciones y se proyecta con fuerza hacia 2026 por cambios operativos ya implementados. Porque el derecho a la vivienda también es techo digno, ampliación, reparación, seguridad estructural.
La derecha —y su ecosistema mediático— intentará reducir todo a “propaganda” o “ocurrencias”. Lo hacen porque este viraje les toca intereses: si el INFONAVIT deja de ser instrumento de negocios y vuelve a ser institución social, se les acaba el margen para lucrar con la necesidad.
Y aquí va lo esencial: patriotismo no es gritar la bandera; es construir país. Es convertir el salario en patrimonio. Es pasar de la renta eterna a la propiedad posible. Es sacar a la vivienda del mercado especulativo y devolverla al terreno de los derechos.
El INFONAVIT de 2026, con metas, reestructura y nuevas reglas de acceso, está dando un mensaje de fondo: en México el pueblo ya no solo cotiza; el pueblo también decide y el pueblo también merece.
