Por: Dr. Luis Eduardo Gómez García
Toda transformación profunda en un régimen democrático exige revisar sus fundamentos institucionales. La reciente reforma al sistema de justicia en México, que contempla la elección directa de jueces, magistrados y ministros, marca uno de esos momentos fundacionales. Más allá de sus implicaciones jurídicas o políticas, este cambio representa una apuesta por renovar la legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad.
Durante años, los procesos para el acceso a los cargos jurisdiccionales no siempre lograron generar confianza ciudadana. Hoy, la introducción del voto popular como vía de designación busca revertir esa brecha entre el Poder Judicial y las personas. En el fondo, se trata de poner en manos del pueblo el poder de decidir quién resuelve sus controversias y protege sus derechos.
Este viraje no debe entenderse como un debilitamiento institucional, sino como una forma distinta de legitimación democrática. La justicia, al ser una función pública, también debe responder al mandato ciudadano, no como sumisión a intereses particulares, sino como un compromiso ético y social de actuar con transparencia, cercanía y responsabilidad.
Desde luego, elegir jueces en las urnas implica nuevos retos: ¿cómo garantizar su preparación?, ¿cómo evitar la judicialización de la política o la politización de la justicia?, ¿cómo formar perfiles que concilien el respaldo ciudadano con la técnica jurídica? Estas preguntas no deben paralizar la reforma, sino estimular su diseño y ejecución con seriedad institucional.
La clave estará en fortalecer los procesos de formación y actualización judicial, establecer mecanismos de evaluación constantes, asegurar el respeto a la autonomía judicial y mantener canales de rendición de cuentas abiertos a la sociedad. La elección es apenas el inicio; el verdadero reto está en el ejercicio del cargo con solvencia, ética y cercanía.
Este modelo también interpela a todos los poderes del Estado. Requiere una nueva cultura de colaboración, reglas claras de convivencia democrática y una visión común sobre el tipo de justicia que merece México: una justicia que escuche, que resuelva, que dignifique. Una justicia más humana y menos distante, más empática y menos burocrática.
Estamos ante una oportunidad histórica. Si el Poder Judicial asume esta etapa con responsabilidad, y si la ciudadanía participa activamente y con información, podremos construir una legitimidad renovada: no sólo por el origen democrático de sus integrantes, sino por la confianza que generen día con día en el cumplimiento de su función.
Porque la justicia no se mide únicamente en sentencias, sino en su capacidad de representar, proteger y dignificar la vida de las personas. Y en eso, la democracia y el derecho pueden y deben caminar juntos.
@luiseduardo_g
Candidato a Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. #DelEscritorioAlTerritorio
