México está, una vez más, frente a una disyuntiva histórica. No se trata de una ocurrencia ni de una vendetta política, sino de una discusión de fondo que el país ha postergado durante décadas, se trata de la necesidad de transformar un sistema de partidos que dejó de representar al pueblo para convertirse en una maquinaria de privilegios. La reforma electoral que viene en puerta no es un capricho del gobierno ni una amenaza a la pluralidad; es, por el contrario, la consecuencia natural de un proceso de democratización que inició con la llegada de la Cuarta Transformación y que hoy exige dar el siguiente paso.
Durante años, la partidocracia construyó un sistema a su medida. Un entramado legal y administrativo que garantizó financiamientos multimillonarios, cargos automáticos, listas plurinominales confeccionadas en oficinas cerradas y una desconexión cada vez más profunda entre representantes y representados. Mientras millones de personas luchaban por llegar a fin de mes, los partidos se repartían curules como botín, protegían a sus cuadros más desgastados y reciclaban a personajes que nunca han pisado una colonia, un ejido o un centro de trabajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y responsable al fijar el rumbo del debate. Ha señalado que la iniciativa de reforma electoral que presentará será razonable y acorde a las demandas del pueblo de México. No se trata de excluir a minorías ni de desaparecer la representación proporcional, sino de corregir una distorsión evidente: las listas de las burocracias partidarias, esas que se han convertido en refugio de cúpulas, en pago de favores y en sinónimo de impunidad política. Ese es el problema de fondo. Y quien se niegue a verlo, simplemente está defendiendo el statu quo.
La oposición, fiel a su costumbre, ya comenzó a levantar fantasmas. Hablan de autoritarismo, de regresión democrática y de “ataques” al sistema electoral. Pero guardaron silencio durante décadas cuando el dinero público se despilfarraba en partidos sin respaldo social, cuando legisladores llegaban al Congreso sin haber pedido un solo voto y cuando el acceso al poder legislativo se negociaba más en restaurantes de lujo que en las urnas. Hoy, su escándalo no es por la democracia, sino por el riesgo de perder privilegios largamente acumulados.
La Cuarta Transformación ha demostrado que la democracia no se debilita cuando se combate la corrupción, se fortalece. Lo vimos con la austeridad republicana, con la eliminación de pensiones doradas, con la reducción de sueldos excesivos y con la apertura de espacios de participación directa. La reforma electoral se inscribe en ese mismo espíritu: devolverle sentido al voto, dignidad a la representación y legitimidad a las instituciones.
México no necesita partidos ricos y ciudadanos pobres. No necesita dirigentes eternos ni legisladores que solo rinden cuentas a sus cúpulas. Necesita un sistema político que responda a la realidad del país, que premie el trabajo territorial, la cercanía con la gente y la congruencia ética. Transformar el sistema de partidos no es destruir la democracia; es rescatarla de quienes la secuestraron.
Por eso, esta discusión no admite simulaciones. Quien se opone a una reforma que combata los excesos de la partidocracia no está defendiendo al pueblo, está defendiendo sus privilegios. Y en este nuevo momento histórico, México ya dejó claro de qué lado quiere estar, del lado de una democracia viva, participativa y al servicio de la gente, no de las élites políticas de siempre.
