El filme El olvido que seremos es un íntimo relato de la vida del médico y profesor Héctor Abad Gómez, asesinado tras anunciar su interés a contender por la alcaldía de Medellín en 1987. Una de las escenas más duras nos revela cómo Abad Gómez, al defender sus convicciones, observa a sus familiares distanciarse de él, pues prefieren conservar la vida acomodada que tenían. Me pregunto, ¿qué tanto se habrán reprochado la esposa y los hijos de no haberle acompañado mejor en sus esfuerzos por la construcción de una sociedad más justa?
La película me hizo recordar un encuentro que tuve hace tres años con el entonces candidato a la Presidencia de Colombia, el también profesor Sergio Fajardo, quien había sido Alcalde de Medellín de 2004 a 2007. El Dr. Fajardo me compartió cómo dirigió el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia con programas orientados a la búsqueda de opciones y oportunidades para llevar a las personas desmovilizadas a un retorno a la vida civil.
Es irónico que le haya tocado desmontar las fuerzas violentas que terminaron con la vida de Abad Gómez, ya que, de acuerdo con la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical, lo ocurrido en 1987 en Medellín fue el preámbulo de la violencia que en años posteriores se extendió por el país como una epidemia. Estas fueron acciones perpetradas por el clan de los Castaño, en alianza con políticos y miembros de la fuerza pública, que después se consolidaron como las citadas Autodefensas Unidas de Colombia. Tampoco debemos dejar en el olvido el impacto que tuvieron los acuerdos que los paramilitares desarrollaron con las élites locales, la jerarquía católica y el capital internacional en el auge del paramilitarismo antioqueño del uribismo y el conflicto por los preciados recursos naturales de la región.
Tan solo recordemos el caso de Chiquita Brands International Inc.[1] que admitió haber aportado 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004, así como el de la Coca Cola Co. que, utilizando como pretexto el conflicto social, político y armado que se vive en Colombia, desarrolló una política antisindical. De esta manera criminalizaron las protestas laborales y se declararon ellos mismos víctimas de extorsión para enmascarar el financiamiento aportado a grupos paramilitares que aterrorizaron a sus trabajadores, tal y como se denunció ante el Secretario General de Naciones Unidas en mayo de 2014 la Organización Consultiva Centro Europa-Tercer Mundo[2]. La complicidad entre corporaciones internacionales y los grupos paramilitares contribuyeron a una escalada de violencia sin precedentes.
No dejo de pensar en el Profesor Héctor Abad Gómez desconectado de los miembros de su propia familia, quienes en su ingenuidad sostuvieron que el acceso a ciertos privilegios les sería suficientes para garantizarles una vida en paz. Quizás cuando entendamos que es imposible prosperar en entornos donde prevalece la desigualdad y la injusticia valoraremos de otra forma a personas como estos inolvidables profesores de Medellín que con su ejemplo nos recuerdan que nadie se salva a sí mismo y que sus sacrificios elevan el ejercicio público al más noble de los oficios.
[1] Chiquita Brands ayudó a los paramilitares a crecer”: Kelsey Jost-Creegan – Agencia de Prensa IPC. Consultar, aquí.
[2] https://www.cetim.ch/violaciones-de-derechos-humanos-por-parte-de-coca-cola-en-colombia/
