Cuando uno habla del soberano, indiscutiblemente hay que hablar de soberanía, ya que sin uno difícilmente hay otro. La soberanía —como poder político, indivisible, imprescriptible e inalienable (entre otras características)— es un concepto jurídico-político que puede estar escrito en diversos artículos de una Constitución. En nuestro país, el artículo 39 constitucional reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el Pueblo, siendo este el beneficiario en las decisiones tomadas por el Estado a través de nuestros representantes populares.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, como representante popular, cuando dice que la mejor política exterior es la interior, apunta al fortalecimiento de la soberanía nacional en todos los sentidos frente al resto del mundo. Solo así se tendrá una auténtica y genuina libertad de autodeterminación en el establecimiento de condiciones y medidas políticas, económicas y sociales del país.
Uno de los grandes retos que tiene el nuevo proyecto de nación es fortalecer la seguridad y soberanía energética como derecho humano, ya que solo así se podrá dignificar la vida de millones de mexicanos al adquirir los servicios básicos derivados de la industria energética. Con el objetivo de lograr lo antes mencionado, el 30 de septiembre de este año el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales e incluir nueve artículos transitorios. La meta de la reforma es reivindicar el abastecimiento continuo y permanente de energía eléctrica a toda la población a cargo del Estado.
Otro objetivo que trae dicha reforma es el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaría, conduciría, transformaría, distribuiría y abastecería la energía eléctrica como área estratégica. El Centro Nacional de Control de Energía se incorporaría a la CFE, quien se encargará de generar el 54% de la energía requerida en el país a través de sus centrales eléctricas y el 46% restante estaría a cargo del sector privado; lo que garantizaría los costos más bajos y beneficiaría a las familias de miles de mexicanos. Se dejaría atrás el modelo neoliberal de privatización de los recursos que le pertenecen al Pueblo de México y que le fueron arrebatados con la reforma del 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a puerta cerrada a través de cochupos y contratos leoninos.
La reforma propone reestructurar a la CFE, para que deje de ser una empresa productiva del Estado y se convierta en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía en sus funciones. La Secretaría de Energía absorbería las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y así lograr mayor orden y control en el consumo y el gasto de la electricidad de nuestro país.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma constitucional, comparado incluso con la expropiación petrolera impulsada por el michoacano Lázaro Cárdenas, es la posibilidad de que el Estado sea el único con la capacidad de explotar el litio −por ser considerado un mineral estratégico y de seguridad nacional− al prohibir las concesiones en su explotación a extranjeros y privados. El litio es un elemento esencial para el uso de energías más limpias, eficientes, sostenibles y con menor impacto ambiental, pues reduce hasta un 30% la emisión de flúor al ambiente.
El litio es un elemento esencial para el desarrollo de un Estado porque se utiliza en la producción de baterías de iones, requeridas para el funcionamiento de computadoras, cámaras, vehículos eléctricos, en la industria aéreo-espacial, aeronáutica y en la industria del vidrio, entre otros. Esto posiciona a este elemento en los mercados más lucrativos a nivel mundial, como los reactores de fusión nuclear, lo que hace del litio un metal sumamente cotizado por las principales potencias mundiales y empresas transnacionales interesadas en la industria nuclear.
En México, se dio a conocer en 2019 el hallazgo de un yacimiento de litio ubicado en Sonora, estimando un aproximado de más de 240 millones de toneladas, lo que se considera el yacimiento de litio más grande del mundo. En consecuencia, nuestro país se convierte en un blanco perfecto por parte de la industria nuclear para explotar y saquear dicho elemento, y de ahí surge la necesidad de impulsar candados constitucionales para que el mineral sea único y exclusivamente de la nación.
Estar en contra de una reforma de tal magnitud es estar en contra de los intereses del Pueblo de México; es ser cómplice del saqueo periódico e histórico de nuestros recursos naturales y traicionar a las futuras generaciones, es atentar contra la seguridad nacional; pero, sobre todo, es ir en contra del soberano, el Pueblo de México. Es importante contextualizar el momento histórico en el que vivimos y la oportunidad que nos da la historia de ser actores en el fortalecimiento y la consolidación de la soberanía energética del país.
Impulsar la reforma no solamente es cumplir con un mandato constitucional de proteger y salvaguardar a los nuestros, sino dejar un legado, fortalecer la soberanía y, en consecuencia, al soberano. Se trata de ir en armonía con la lógica que siguen los países de proteger sus recursos y garantizarles una vida digna a millones de mexicanos. Por eso y por muchas razones más, por el bien de todas y todos, primero la reforma energética.
