Por: Frank Aguirre
La democracia no sólo se mide por la libertad de votar. También se mide por cuánto le cuesta al pueblo sostenerla.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum buscaba abrir un debate incómodo pero necesario: reducir el gasto del sistema electoral mexicano, eliminar duplicidades institucionales y democratizar la elección de quienes organizan los comicios.
Se habla mucho del recorte a partidos y acabar con los pluris parásitos pero entre sus puntos más centrales estaban cuatro cambios de fondo: reducir el gasto del sistema electoral, eliminar los organismos públicos locales electorales (OPLES), elegir consejeros por voto popular y centralizar funciones en un nuevo instituto nacional que simplificará la estructura electoral.
No era una reforma menor. Era una reforma estructural.
Sin embargo, en San Lázaro el proyecto fue rechazado. La iniciativa obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Entre quienes votaron en contra no sólo estuvieron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sino también los partidos aliados del bloque gobernante: el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
Ese voto abrió un debate político inevitable: ¿qué tan coherente es rechazar una reforma que buscaba reducir el gasto del sistema electoral y redirigir recursos hacia políticas sociales?
Pero, más allá de la coyuntura legislativa, el episodio también obliga a mirar el mapa político real del país. Y en ese mapa, Baja California Sur ofrece una señal interesante.
En las elecciones recientes de nuestro estado (BCS), la coalición encabezada por Morena obtuvo 154 mil votos en la elección de ayuntamientos, superando ampliamente a la alianza opositora encabezada por el PAN, que alcanzó poco más de 118 mil votos. Pero si hacemos el ejercicio y dividimos los votos de la alianza, por cada diputación local en BCS el PT y el verde sumados no aportaron ni el 10% de los votos ¿por qué entonces tienen tanto poder y hay tantas regalías para ellos en las negociaciones electorales?
El respaldo electoral al proyecto de transformación en estados como Baja California Sur es claro. Y ese respaldo no sólo se expresa en la presidencia, sino también en congresos locales, ayuntamientos y representación política.
Por eso la discusión sobre la reforma electoral no es meramente técnica. Es también una discusión sobre coherencia política.
La propuesta de reducir la burocracia electoral buscaba abrir un debate sobre el costo del sistema. México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo en proporción a su población, con estructuras duplicadas entre el instituto nacional y los organismos locales.
Eliminar los OPLES y concentrar funciones en una sola institución buscaba precisamente reducir esa duplicidad. Los críticos hablan de centralismo. Los impulsores hablan de eficiencia institucional.
Pero el fondo del debate es otro: ¿queremos una democracia costosa para sostener burocracias o una democracia austera que libere recursos para derechos sociales?
Esa pregunta no es abstracta en estados como Baja California Sur.
Aquí los desafíos del desarrollo son concretos: agua, salud, infraestructura, vivienda y crecimiento urbano acelerado. Cada peso del presupuesto público tiene consecuencias reales en la vida cotidiana.
En ese contexto, discutir el costo del sistema electoral no debería verse como un ataque a la democracia, sino como parte de su evolución.
Porque una democracia sólida no depende de cuántas oficinas tenga el sistema electoral, sino de la legitimidad del voto ciudadano.
Y si algo muestran los resultados electorales en Baja California Sur es que el respaldo popular al proyecto de transformación sigue siendo fuerte.
La pregunta ahora no es sólo qué ocurrió en San Lázaro. La pregunta es qué mensaje deja el episodio: si la democracia mexicana está dispuesta a revisarse a sí misma… o si seguirá siendo cooptada por pequeños grupos de poder que terminaron exhibiendo su contradicción más fuerte: sostener sus privilegios por encima de la austeridad republicana.
Al final, la democracia no se debilita cuando se reforma, se debilita cuando se vuelve intocable.
