El movimiento estudiantil de 1968 tuvo diversas implicaciones en la vida pública de nuestro país, la más importante fue la concientización del pueblo mexicano sobre el valor de las libertades democráticas para la edificación colectiva de una sociedad más justa.
El pliego petitorio que enarbolaron los estudiantes del 68 miraba del aula a las calles, fue una interpelación eminentemente política al autoritarismo que se ensanchaba en las instituciones emanadas de la revolución mexicana, cuyo proceso histórico y social había entregado su gran legado en la Constitución política de 1917, promulgada apenas medio siglo atrás del 2 de octubre.
Las desviaciones del régimen post revolucionario -encarnadas, principalmente, en un régimen de partido prácticamente único de Estado y presidencialista, que monopolizaba la opinión pública y la opinión publicaba y que asfixiaba con censura, intolerancia y represión cualquier atisbo de disenso ante las decisiones de las elites en el poder-, fueron el centro de los cuestionamientos en los que los estudiantes más críticos, revisionistas, despiertos y politizados construyeron un movimiento que devino en popular y en un hito en la historia contemporánea por toparse con el muro infranqueable de la antidemocracia y desenlace un sangriento, triste y condenable la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco.
Antes del 68, la generación de jóvenes de la UNAM, el IPN y otras escuelas que habría de irrumpir con imaginación y firmeza en las calles habría atestiguado como los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa yacían presos -solo por defender los intereses gremiales de sus compañeros trabajadores-, contradiciendo los discursos oficiales que se llenaban de la palabra “pueblo y revolución”, mientras el régimen se alistaba para ofrecer al mundo una Olimpiada como vitrina del milagro mexicano basado en una aparente “paz con justicia social”.
Los puntos del pliego petitorio del movimiento sesentaiochero atendían en general demandas factibles de reconocer y resolver por parte del interlocutor en el poder:
- Libertad a los presos políticos.
- Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relativos al delito de disolución social.
- Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, víctimas de la represión policiaca y de otras fuerzas y mecanismos de seguridad.
- Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
- Deslinde de responsabilidades por parte de los funcionarios públicos y autoridades por los actos de represión de la policía, los granaderos y el Ejército.
- Destitución de los generales Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez, jefe y subjefe de la policía del Distrito Federal, y el teniente coronel Armando Frías, comandante del Cuerpo de Granaderos.
El punto 5 del pliego fue la excepción, precisamente el deslinde de responsabilidades por las motivaciones represoras del régimen puso en jaque al PRI- gobierno, porque vislumbraba una serie de fracturas internas en el seno de la familia revolucionaria. ¿Cómo era posible que un ejército emanado de una revolución social y popular estaba siendo encaminado a mancharse las manos con la sangre del propio pueblo al que contribuyó a liberar? La historia daría la razón a los estudiantes, nunca hubo dialogo público, ni un deslinde concreto, pero sí de diversos actores políticos que tuvieron que tomar abierta o soterradamente otros caminos, y por ende el movimiento de 1968 es el gran motor social precursor de la democracia en México.
Ahora bien, en el ámbito educativo el movimiento no miró hacia el campus; pero directa e indirectamente fueron variadas y significativas las contribuciones a la educación pública que ofrendó la generación del ‘68, esto debido a que Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron orillados a intentar restañar las heridas en las comunidades universitarias aceptando abrir el debate sobre la transformación educativa primordialmente al interior de los claustros académicos.
En el terreno de la educación media superior y superior el movimiento de 1968 contribuyó en diversos procesos de cambio, a saber:
La expedición de la Ley Federal de Educación de 1973, la anterior databa de 1941. Contempló un inédito crecimiento de la matrícula en los niveles de educación media y superior.
Fue en el periodo del Dr. Pablo González Casanova como rector de la UNAM cuando se emprendieron nuevos proyectos fundamentales como el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Abierta, y la renovación de la extensión universitaria. El promedio de edad de los profesores del CCH en 1971, año de creación de esa institución, rondaba los 25 años.
La creación de nuevas instituciones como la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1970), el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana (1973).
Lo jóvenes profesores del CCH con su visión independiente, humanista, científica, crítica y renovadora de la sociedad fueron quizá una de las herencias de mayor alcance social y educativo del ‘68 mexicano.
