Dentro de las muchas problemáticas que afectan a nuestra sociedad, se ha determinado —a través de diversos estudios e investigaciones— que muchas de ellas tienen origen en un fenómeno que, lamentable y desafortunadamente, se ha hecho parte de nuestro día a día: la corrupción. Se habla de la misma a través de diversos medios, desde el discurso político, las noticias cotidianas, hasta la forma en que nos conducimos como servidores/as públicos y/o ciudadanos/as. De acuerdo con Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca”. Se ha afirmado que se trata de una cuestión cultural, también, que es un problema del Estado de derecho y de cumplimiento de leyes… En fin, lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que, como sociedad nos aqueja.
Al respecto, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, ha afirmado que: “La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad”. Lo cierto es que se trata de un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países, y se refleja en situaciones sumamente dañinas. De igual forma, está demostrado que históricamente ha perjudicado los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les ha resultado a menudo imposible superar la “inversión inicial” requerida por la corrupción. Así como los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, la mala conducta y las irregularidades que aún prevalecen, están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos ante crisis como la que se ha generado por la pandemia causada por covid-19.
Por la relevancia del tema, es importante citar que nuestro país mejoró seis lugares en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en su edición 2020, elevando dos puntos sus resultados: de tener una calificación de 29 en el 2019, a 31, en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción. Con base en el IPC, realizado por Transparencia Internacional, México pasó a ocupar de la posición 130 (2019) a la 124 (2020), entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia; sin embargo, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al posicionarlo en el lugar 37 de 37 países que lo integran; por ello, resulta fundamental asumir, como sociedad, que en esta problemática tan crítica, no se trata únicamente de la responsabilidad del Estado, pues el rol de las y los ciudadanos es elemental, ya que se debe enfrentar este problema global, a través de una responsabilidad compartida.
El Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como una de sus prioridades el combate a la corrupción y a la impunidad, lo que sin duda se trata de un compromiso político profundo —aunado a la claridad que no sólo ha expresado, sino demostrado— de trabajar para lograr hacer más con menos, lo que requiere eficacia, honestidad, profesionalización y, sobre todo, transparencia. Pero en una problemática tan compleja, no será suficiente lo que se haga desde el Gobierno, pues se demanda que todas las personas actuemos para prevenir y combatir la corrupción a fin de fomentar la responsabilidad, la honestidad, la resiliencia y la integridad en todos los niveles de la sociedad. Para lograrlo —según especialistas— es necesario establecer políticas, sistemas y medidas para que las personas puedan alzar la voz y decir no a la corrupción, así como enfatizar y demandar que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de combatir este lacerante problema, a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de implementar medidas efectivas de protección a quienes denuncian —para así garantizar que los mismos estén protegidos/as contra cualquier posible represalia— y legislar y hacer efectivas sanciones para quienes incurran en este tipo de malas prácticas; en contra parte, es nuestra responsabilidad, como ciudadanos/as, denunciar, y aún más, no permitir y menos aún participar en actos de corrupción. En la medida en que logremos combatir la corrupción, se logrará que las instituciones sean eficaces, responsables y transparentes, y a que haya —en nuestra sociedad— una cultura de integridad, honestidad, equidad y justicia. Vamos por ello, desde una auténtica, real y ya impostergablemente necesaria, transformación.
