La conquista de la paridad en la participación política femenina no es un espejismo, sino un logro histórico gestado por décadas de lucha feminista, de activismo comunitario y de organización ciudadana. Sin embargo, es sólo una dimensión de la igualdad. La igualdad real se mide no sólo por cuántas mujeres están presentes en los espacios de gobierno, sino en cómo ejercen su poder… en una cultura política que sigue permeada por el patriarcado.
Desde 1954 —cuando la primera mujer ocupó un escaño en el Congreso mexicano— hasta nuestros días, la presencia femenina en la política ha experimentado un avance exponencial. Con las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la reforma constitucional sobre paridad publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2019, México logró consolidar la igualdad de género en la postulación de candidaturas y en la representación en órgano legislativo y ejecutivo. Indicadores internacionales reflejan que México ha escalado posiciones en el índice global de brecha de género, impulsado en gran parte por los logros en empoderamiento político femenino, incluida la elección de la primera mujer Presidenta de México. No obstante, el espejo de la realidad revela dos caras. En la administración pública federal, si bien existen avances cuantitativos, persisten brechas significativas en niveles de liderazgo y remuneración. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) demuestra que, aunque las mujeres representan un porcentaje similar al de los hombres en niveles iniciales, su presencia disminuye conforme se asciende en la jerarquía y se mantiene una brecha salarial de liderazgo del 11%.
Decir que las mujeres están en política no es lo mismo que afirmar que tienen pleno poder para transformar realidades. Aquí entra un punto clave del feminismo político: la paridad formal no garantiza la paridad sustantiva, que implica la capacidad de decisión, la legitimidad para incidir en políticas públicas y la libertad de actuar sin las tensiones inherentes a un sistema aún cargado de normas patriarcales, estereotipos de género y violencias políticas. Investigadoras como Nancy Fraser y Judith Butler han alertado sobre cómo los sistemas sociales y políticos reproducen estructuras de dominación que no se deshacen simplemente con cuotas o leyes igualitarias. Aunque las cuotas de género han impulsado la participación, el ejercicio del cargo sigue confrontando desequilibrios culturales y estructurales. Mujeres en posiciones de liderazgo político reportan con frecuencia violencia política en razón de género, desde microagresiones, hasta campañas de desprestigio basadas en su género o en su rol familiar. Esto no sólo entorpece su autoridad, sino que envía un mensaje persistente a la sociedad: que el poder femenino es tolerable sólo hasta cierto punto y bajo ciertas condiciones. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral han avanzado en protocolos para prevenir estas violencias, pero el desafío cultural aún persiste.
El patriarcado —entendido como el conjunto de normas y poderes que históricamente han privilegiado el liderazgo masculino— se manifiesta de diversas maneras: en la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado que aún recae desproporcionadamente en las mujeres, en la presión psicológica de “probar” su capacidad en cada decisión, y en el escrutinio constante sobre su desempeño, su vida privada o su liderazgo. Las mujeres que acceden a puestos de decisión enfrentan una doble jornada: la gestión de políticas públicas y la necesidad de desafiar estereotipos que asignan lo político y lo decisorio al campo masculino, con efectos profundos, pues el acceso formal al poder debe ir acompañado de procesos de transformación cultural y de políticas públicas que reconozcan las desigualdades estructurales. El ascenso de Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta de México no sólo es un hecho simbólico histórico, sino una oportunidad estratégica para consolidar avances, ya que envía un mensaje a niñas y jóvenes de que el liderazgo no tiene género. Las reformas que ha impulsado —incluyendo el combate a la discriminación y propuestas de garantías constitucionales en igualdad— constituyen sólidos pasos hacia la igualdad, aunque lejos estemos de la meta.
La igualdad de género implica evaluar a las personas por su desempeño, ética y compromiso, sin que su género sea un impedimento —ni una exaltación— injustificada. Las mujeres no sólo hemos demostrado que sabemos gobernar; lo hemos hecho con ética, con compromiso social y con una visión que aboga por la justicia. Hoy, más que nunca, resulta urgente fortalecer a las mujeres en el ejercicio del poder, apoyarlas, reconocerlas y construir una sociedad que entienda que la igualdad no es sólo un derecho ganado, es una realidad en construcción.
