Aunque el calendario electoral nacional suele fijar su mirada en los años presidenciales, 2026 será un punto de inflexión silencioso pero decisivo, para la vida democrática de México. No será un año de elección federal, pero sí un periodo clave en la preparación de los procesos electorales venideros y en la definición de candidaturas locales que marcarán el rumbo político rumbo a 2027 y 2030. En política, como en la historia, los años “previos” suelen ser los que más pesan.
En 2026 se activarán etapas fundamentales: definición de reglas de coalición, procesos internos de selección de candidaturas, fiscalización temprana y, sobre todo, el cumplimiento de criterios de paridad de género y de no nepotismo. Estas decisiones, aunque no siempre visibles para la ciudadanía, son las que determinan la calidad democrática de lo que vendrá después. Se prevé la renovación de ayuntamientos y congresos locales en algunas entidades federativas —entre ellas Aguascalientes y Durango— además de procesos internos en prácticamente todos los partidos con miras a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego gubernaturas estratégicas. Lo que ocurra no será un simple trámite: será una prueba de coherencia entre discurso y práctica.
La paridad de género, elevada a rango constitucional en 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, no sólo transformó las reglas electorales, sino la cultura política. Hoy, la exigencia de “paridad en todo” obliga a los partidos a mirar más allá de las inercias masculinizadas del poder. Como sostiene la politóloga Anne Phillips, la representación democrática pierde legitimidad cuando excluye sistemáticamente a la mitad de la población. En 2026, la paridad dejará de ser una cuota incómoda y deberá asumirse como una convicción democrática.
En cuanto al combate al nepotismo, se ha convertido en uno de los debates más relevantes del momento. Las reformas y lineamientos impulsados en los últimos años —y reforzados en el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum— apuntan a cerrar el paso a prácticas que durante décadas normalizaron la herencia del poder. Max Weber advertía que cuando el poder se patrimonializa, la política se vacía de racionalidad ética. Evitar que cargos públicos se conviertan en botines familiares representa una condición mínima de justicia democrática.
Luisa María Alcalde, Presidenta Nacional de Morena, ha sido explícita al señalar que la paridad y el no nepotismo representan principios que deben vivirse en la selección de candidaturas, coherentes con el origen ético del movimiento. La insistencia no es retórica: es una exigencia de congruencia. La Presidenta Sheinbaum ha reiterado que la transformación se sostiene en honestidad, justicia y prioridad a quienes menos tienen, principios que deben reflejarse también en la vida interna de los partidos. En materia normativa, los últimos años han dejado avances significativos; además de la paridad constitucional, destacan el fortalecimiento de la fiscalización electoral, las restricciones al uso de programas sociales con fines electorales, la ampliación de derechos políticos de grupos históricamente excluidos y la discusión abierta sobre reglas más estrictas contra el nepotismo y el influyentismo. Estos cambios no surgieron en el vacío: responden a una visión de la democracia como instrumento de justicia social, eje central de la Cuarta Transformación. MORENA, como fuerza política predominante, enfrenta en 2026 un reto mayor que el de ganar elecciones: demostrar que sus principios no se diluyen cuando se trata de definir candidaturas. La justicia, la honestidad y la atención prioritaria a quienes menos tienen no pueden quedarse en consignas.
John Rawls recordaba que las instituciones justas se miden por cómo tratan a los más desfavorecidos; en clave electoral, esto implica preguntarse si las decisiones se toman pensando en el bienestar colectivo o en los equilibrios de grupo. Por ello, el papel de los liderazgos locales será determinante. Gobernadores/as, alcaldes/as, legisladores/as y dirigentes/as partidistas deberán asumir que 2026 no es un año para acumular poder personal/grupal, sino para honrar un proyecto histórico. Elegir candidaturas desde el amiguismo o la lealtad ciega sería una regresión incompatible con la ética de la 4T.
La democracia no se defiende sólo en las urnas, sino en las decisiones previas que les dan forma. 2026 exige actitud, responsabilidad y altura de miras. Demanda que quienes toman decisiones recuerden que representan al pueblo, no a equipos políticos; que los cargos no son premios, sino encargos; y que los principios de MORENA y de la 4T no son recursos electorales, sino una base ideológica profunda que ya transformó —y debe seguir transformando— la vida política y democrática de México.
