Hay anécdotas y frases que repetimos sin analizar, y en la mayoría a de las ocasiones sin actualizar, como «La tierra es de quien la trabaja». Se entiende que fue dicha a principios del siglo pasado por Emiliano Zapata, pero ahora es momento de replantear el desigual acceso de la propiedad entre hombres y mujeres, y los derechos de las mujeres a la tierra. La propiedad y la vivienda son esenciales para hacer realidad su derecho a la igualdad y a un nivel de vida adecuado, además de que propicia la autonomía y eventualmente el empoderamiento de las mujeres.
De acuerdo con el RAN (Registro Agrario Nacional) del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios, más de 3.6 millones son hombres y sólo un millón 304 mil son mujeres o sea de cada 10 personas con derechos sobre la tierra ni siquiera tres son mujeres.
Plantea la ONU que “Las desigualdades de género imperantes tanto en la esfera pública como en la privada socavan la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda”. La desigualdad en el acceso a la propiedad impide a las mujeres contar con apoyos públicos y a acceder a la toma de decisiones en sus localidades, lo cual deriva en el no ejercicio de sus derechos políticos, además, limita su autonomía económica –al parecer sigue siendo una amenaza contra el sistema patriarcal–. Sin embargo, gracias a la determinación de grupos feministas (la mayoría conformados por mujeres rurales) se han desarrollado marcos normativos y políticos para proteger y promover los derechos de las mujeres a la tierra, la propiedad y la vivienda a nivel nacional, regional y mundial.
En numerosas comunidades rurales e indígenas, cuando los hombres emigran a Estados Unidos las mujeres son las que trabajan las tierras, sin embargo, no se les reconoce que tengan derechos sobre ellas, aún si los dueños, no regresan. Reiteramos que las mujeres al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos y equipamiento. La desigualdad en el acceso de la tierra vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de su vida pues propicia que la comunidad las relegue en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias.
Este es otro más de los pendientes que se tienen con la agenda de las mujeres a nivel nacional y especialmente en Guerrero, una entidad agrícola por excelencia.
