Cuando una reforma incomoda demasiado, es porque toca intereses reales. Las reformas que pasan sin ruido suelen ser administrativas, técnicas o irrelevantes para el fondo del poder. Pero aquellas que generan resistencia, debate intenso e incluso campañas de desinformación, casi siempre tienen algo en común, buscan cambiar estructuras que durante años beneficiaron a unos cuantos, es decir, toca o destruye los privilegios de unos cuantos.
Eso ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Reformas en materia energética, laboral, de austeridad o la ampliación de programas sociales no solo reconfiguraron prioridades del Estado, también modificaron quién accede a derechos y recursos, y , como era previsible, incomodaron. No porque fueran perfectas, ninguna reforma lo es, sino porque cuestionaron privilegios normalizados y porque movieron el centro de gravedad del poder público.
Hoy, con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Las propuestas de reforma electoral para reducir costos y privilegios, el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, y la continuidad de un modelo que pone al bienestar en el centro, han reactivado resistencias similares, inclusive con quienes se dicen aliados del movimiento. Su primera propuesta de reforma electoral no alcanzó la mayoría necesaria en el Congreso, y eso también dice mucho. Frente a ese escenario, la decisión de avanzar con un “Plan B” no es menor, es, en sí misma, una señal de que la transformación no se detiene frente al bloqueo, se adapta.
Gobernar también implica insistir, ajustar, encontrar rutas cuando las mayorías no se construyen de inmediato. Y, sobre todo, no renunciar a los principios que dieron origen a una agenda de cambio. Y es lógico, toda transformación implica conflicto. Implica incomodar a quienes estaban cómodos y abrir discusiones que muchos preferirían evitar.
El problema es que, en México, durante mucho tiempo se confundió estabilidad con inmovilidad y se optó por no tocar ciertos temas “para no generar mucho ruido”, aunque eso significara perpetuar desigualdades, ineficiencias o incluso injusticias.
Hoy ese paradigma está cambiando. Las reformas estructurales ya no se miden solo por su viabilidad política inmediata, sino por su capacidad de responder a una demanda social más profunda, la de un país más justo, más equitativo y más cercano a la gente.
Por eso incomodan, porque obligan a redefinir reglas, redistribuyen poder y exigen tomar postura. Frente a esto, hay dos caminos: defender el statu quo bajo el argumento de la “prudencia”, o asumir que la transformación real nunca será cómoda.
La historia es clara y sabemos que los grandes avances, en derechos, en democracia, y en bienestar, nunca fueron producto del consenso absoluto, sino de decisiones que en su momento parecían disruptivas y hoy no es distinto.
Las reformas que incomodan no son el problema, por el contrario, muchas veces, son la señal de que algo importante está cambiando. La verdadera pregunta no es por qué generan resistencia, sino a quién incomodan… y por qué.
