En 2006, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue objeto de una campaña mediática de desprestigio, así como de un ataque jurídico como lo fue el desafuero; ambas estrategias impulsadas por adversarios políticos como el PRIAN, algunos desinformados sector empresarial y grandes medios de comunicación, con un mismo objetivo: minar su llegada a la Presidencia de México e impedir, a toda costa, que se convirtiera en presidente.
Recordemos que durante esa década se encontraba en la Presidencia Vicente Fox Quesada, mientras que el candidato presidencial por el PAN era Felipe Calderón Hinojosa.
En aquel entonces, el escritor y cercano al tabasqueño, Carlos Monsiváis, le advirtió que se enfrentaba a una campaña dura y silenciosa —por el momento— basada en el miedo, misma que se volvería evidente con una fuerte estrategia sustentada en la desinformación y las campañas negras. Esta se resumiría en una frase: “AMLO es un peligro para México”. Años después, ya como presidente, el propio López Obrador reconoció que subestimó aquella advertencia y que el escritor no se había equivocado y había visualizado el poder de las mentiras, la propaganda y los medios de comunicación.
Detrás de esta estrategia se encontraba el asesor político y estratega español Antonio Solá, quien ya tenía experiencia en campañas en América Latina y que, en 2006, formaba parte del equipo de Felipe Calderón.
Han pasado casi 20 años y hoy observamos una estrategia similar: los mismos actores políticos, mediáticos y empresariales, pero ahora en contra de la ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Recientemente, en redes sociales, diversos voceros opositores han impulsado —de manera aparentemente “espontánea”— la idea del supuesto riesgo que representaría la ministra para ciertos sectores empresariales; en particular, para el empresario Ricardo Salinas Pliego.
En su columna titulada “El riesgo Lenia Batres para los inversionistas”, publicada en El Universal, el periodista Mario Maldonado sostiene que existe preocupación entre empresarios ante la posibilidad de que la ministra llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no presenta nombres ni elementos suficientes que respalden que se trate de un malestar generalizado, sino más bien de una percepción.
A esta narrativa se han sumado algunos medios de comunicación y comentaristas, generando coincidencias en el discurso que, para muchos, resultan llamativas. Diversas críticas hacia la ministra han girado en torno a cuestionamientos sobre su capacidad, respaldo y legitimidad, en muchos casos con argumentos poco sustentados.
Cabe señalar que la ministra Batres obtuvo el respaldo de 5 millones 759 mil 804 votos, siendo la mujer más votada en un proceso de esta naturaleza en México. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en su artículo 94:
“Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación”.
Por lo tanto, su eventual llegada a la presidencia de la Suprema Corte se enmarca dentro de un proceso legal y legítimo.
Así como en su momento se advirtieron escenarios catastróficos ante la posible llegada de López Obrador —como la pérdida de inversión extranjera o la devaluación de la moneda— que no se materializaron en los términos planteados, hoy se repiten narrativas similares en torno a la ministra Lenia Batres.
Más allá de calificativos, el debate público debería centrarse en argumentos, hechos verificables y el respeto al marco constitucional. Mientras no sea así, la derecha mexicana seguirá recurriendo a la difamación, la mentira y el desprestigio, como lo hizo con López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México en las últimas décadas.
Estoy seguro de que la historia se repetirá con la ministra Lenia Batres, quien será la mejor presidenta de la Corte en las últimas décadas.
