A veces, la manera de contar una historia, y la fuerza impulsora de ésta, generan concepciones erradas, o incrustan en la mente del público un juicio que no lapida precisamente al más culpable ni vela, por el o la más inocente.
El caso Jeffrey Epstein no solo destapó una red de explotación sexual, puso en evidencia una verdad incómoda: la violencia de género puede sostenerse durante años cuando está protegida por el poder económico, político y social. No se trató únicamente de un individuo, sino de un sistema que permitió que el abuso persistiera bajo la sombra del privilegio.
Este personaje estadounidense fue acusado de operar una red de explotación de niñas, niños y adolescentes (NNA), con la complicidad —activa o silenciosa— de personas influyentes. Más allá de los nombres y el escándalo mediático, lo que el caso reveló fue la profunda desigualdad de poder entre agresor y víctimas. Jóvenes en situaciones de vulnerabilidad enfrentaron a un hombre con recursos ilimitados, conexiones políticas y una estructura diseñada para garantizar impunidad.
Y aquí vale hacer una acotación -que no deseo suene despectiva- a veces pensamos que las juventudes marginadas o en estado de vulnerabilidad, solo son las de Latinoamérica, o de los países denominados “en vías de desarrollo”, y tanta maldad hay, incluso en donde se consideran grandes potencias, que crímenes como el narrado, afectan a ricos y pobres, como dice el dicho “pasa hasta en las mejores familias”.
En el contexto que estamos comentando, la violencia de género no fue solo física, también estructural. La manipulación emocional, la coerción económica y la intimidación forman parte de un patrón común en este tipo de embates. Cuando la persona agresora ocupa una posición de privilegio, la posibilidad de denunciar se reduce drásticamente. El miedo, la vergüenza y la desconfianza hacia las instituciones se convierten en barreras casi infranqueables.
Las afectaciones para las víctimas van mucho más allá del momento del abuso. El trauma psicológico, los trastornos de ansiedad, la depresión y la estigmatización social pueden acompañarlas durante años. Además, la exposición pública y la duda constante sobre su testimonio generan una segunda forma de violencia: la revictimización. En muchos casos, quien sobrevive a ello, no solo tienen que probar que hubo agresión, se suma la contienda por su credibilidad frente a una opinión pública que tiende a proteger al “poderoso”.
Hechos como éste nos obligan a reflexionar sobre un problema más amplio: la violencia de género no prospera únicamente por la acción de un agresor, subyacen estructuras que normalizan la desigualdad y el silencio. Cuando la palabra de las mujeres y niñas vale menos que el prestigio de un hombre influyente, la justicia se vuelve selectiva.
Pensar que el caso Epstein es una anomalía estadounidense sería un error que revelaría “ceguera”. En México también existen ejemplos relativos al mismo entramado de poder, silencio e impunidad. El caso de Jean Succar Kuri, acusado y posteriormente condenado por explotación sexual de personas con minoría de edad, mostró durante años cómo una red de protección y la cercanía con círculos políticos y empresariales podían retrasar investigaciones y dificultar la acción judicial. Las denuncias no fueron inmediatas ni sencillas; estuvieron marcadas por amenazas, encubrimientos y una batalla legal prolongada que evidenció la vulnerabilidad de las víctimas frente a ese grado de influencia.
Algo similar ocurrió con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Durante décadas, múltiples acusaciones por abuso sexual fueron desestimadas o minimizadas, para salvaguardar a toda costa el prestigio institucional, con el respaldo de sectores que se auto-conciben como los más “respetables” sumado a la autoridad moral que le confería su investidura religiosa, empleada como bandera de la caridad y escudo ante los cuestionamientos públicos. En este caso, la combinación de poder simbólico, recursos económicos y redes mafiosas, creó un entorno donde la palabra de cualquier NNA carecía de peso frente a la figura del embustero líder religioso.
Todos estos casos, aunque distintos en contexto, comparten un patrón inquietante: el agresor (que recurrentemente fueron masculinos) no actúa únicamente desde su voluntad individual, sino desde una posición estructural que le otorga protección e impunidad, la que surge desde la asimetría de poder que condiciona: a quién escuchar y quién cuestionar.
Casos con contextos tan pluriculturales desmantelan la idea que la violencia de género y la explotación sexual asociadas al poder son fenómenos aislados o propios de ciertas latitudes. Son, más bien, expresiones de un mismo problema: sistemas sociales donde el prestigio, la riqueza o la autoridad moral pesan más que la voz de las víctimas.
