Durante más de siete años, los gobiernos de la Cuarta Transformación han colocado a la infraestructura pública en el centro de su proyecto político. No como un adorno sexenal ni como una promesa de campaña, sino como una apuesta estructural para corregir desigualdades históricas, reordenar el territorio y fortalecer la economía desde el Estado. Desde diciembre de 2018, con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta los primeros meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha vivido uno de los ciclos de inversión pública en infraestructura más intensos de su historia reciente, tanto por el número de obras como por su escala y su carácter estratégico.
En el sexenio de López Obrador, las obras emblemáticas marcaron un giro claro frente al modelo neoliberal que apostó durante décadas por concesiones, privatizaciones y megaproyectos desconectados del desarrollo regional. El Tren Maya, con más de 1,500 kilómetros de vías férreas en el sureste del país, no solo reactivó el transporte ferroviario de pasajeros, sino que articuló una estrategia de desarrollo turístico, económico y social para una región históricamente marginada. A ello se sumó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que rehabilitó y amplió líneas férreas, puertos y parques industriales para conectar el Pacífico con el Golfo de México, apostando por una nueva plataforma logística global. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, junto con la modernización del Aeropuerto de Toluca y el fortalecimiento del sistema aeroportuario del Valle de México, reconfiguró la conectividad aérea nacional. La refinería Olmeca en Dos Bocas buscó recuperar soberanía energética, mientras carreteras, caminos rurales, hospitales, universidades y obras hidráulicas se multiplicaron en todo el territorio. No se trató de una sola obra, sino de cientos de proyectos que, en conjunto, redefinieron la presencia del Estado en el desarrollo nacional.
Este impulso no se detuvo con el cambio de gobierno. Con Claudia Sheinbaum la infraestructura se apunta hacia la interconexión metropolitana, la movilidad sustentable y la justicia territorial. Un ejemplo emblemático es el Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, cuya conclusión y puesta en operación completa han sido presentadas ya bajo su presidencia. Esta obra, iniciada hace más de una década y detenida durante años por sobrecostos, conflictos técnicos y falta de voluntad política, hoy conecta de manera efectiva a Toluca con la Ciudad de México, reduciendo tiempos de traslado, costos económicos y desgaste cotidiano para decenas de miles de personas que se desplazan diariamente entre ambas zonas metropolitanas.
El Insurgente no es solo un tren. Es una pieza clave de integración regional. Conecta sistemas de transporte, articula polos de desarrollo, acerca oportunidades laborales y educativas, y redefine la relación entre centro y periferia. En términos concretos, implica hasta 45 minutos menos de traslado para miles de personas, menor congestión vehicular, reducción de emisiones contaminantes y una mejora directa en la calidad de vida. Es infraestructura pensada para la gente, no para la especulación inmobiliaria ni para la rentabilidad privada inmediata.
La experiencia internacional muestra que este tipo de apuestas no son casuales. China, hoy una de las principales potencias económicas del mundo, construyó buena parte de su fortaleza sobre una inversión masiva y sostenida en infraestructura pública. En apenas dos décadas desarrolló la red ferroviaria de alta velocidad más grande del planeta, con más de 40,000 kilómetros de vías, conectando ciudades, regiones productivas y zonas rurales. Carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de transporte urbano transformaron no solo la economía china, sino la vida cotidiana de su población. La interconexión territorial permitió integrar mercados internos, reducir desigualdades regionales y elevar la productividad nacional. No es casualidad que, cada año, cerca de una quinta parte de la población mundial se movilice durante el Año Nuevo Lunar, una celebración que solo es posible gracias a esa infraestructura que permite desplazamientos masivos, ordenados y eficientes.
Este dato no es menor. Aproximadamente el 20% de la población del planeta celebra el Año Nuevo Lunar, que en 2026 iniciará el 17 de febrero. Será el año del Caballo de Fuego, una figura asociada en la tradición china con la energía, el movimiento y la transformación. Que una región del mundo con esa densidad poblacional pueda sostener su vida económica, cultural y social depende, en buena medida, de la infraestructura que conecta a su gente. No se trata de copiar modelos, sino de entender una lección básica, que sin inversión pública estratégica, no hay desarrollo sostenible ni justicia territorial.
Un país que conecta sus regiones, que invierte en transporte público masivo, que articula ciudades y periferias, y que piensa la infraestructura como un derecho colectivo, fortalece su economía y cohesión social. El Tren Insurgente, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y las nuevas obras impulsadas por Claudia Sheinbaum forman parte de una visión de largo plazo donde el Estado recupera su papel como planificador del desarrollo.
La infraestructura, en este sentido, es tiempo recuperado, oportunidades ampliadas y dignidad cotidiana. Es la diferencia entre vivir atrapado en el tráfico o llegar a casa con más horas para la familia. Y es, también, el mensaje claro que el desarrollo no se deja al mercado, se construye desde lo público.
