El 31 de diciembre de 2024 culmina el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que inició el 1° de enero de 2015. Su objetivo ha sido promover el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para ese sector de la población: “conmemorar las importantes contribuciones de los afrodescendientes en todo el mundo, promover la justicia social y las políticas de inclusión, erradicar el racismo y la intolerancia, impulsar los derechos humanos y ayudar a crear comunidades mejores y más prósperas, todo en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 reveló que 2.5 millones de personas se identifican como afromexicanas, representando el 2% de la población. De ellas, más de 1 millón 297,000 son mujeres y 1 millón 278,000 son hombres; la mayor parte tiene entre 20 y 24 años.
Guerrero es la entidad con el mayor número de personas que se identifican como afromexicanas: casi el 9%; continúa Oaxaca con el 5% y Baja California Sur, con el 3.3%. De acuerdo con dicho censo, el 20% de afrodescendientes vive con alguna limitación física, discapacidad o problema o condición mental, casi 169,000 personas no saben leer ni escribir y únicamente el 19% cuenta con estudios de nivel superior.
En 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluyó en la Encuesta Intercensal, por primera vez la pregunta “¿Se reconoce afrodescendiente?”, respondiendo un poco más de 1.3 millones de personas que sí… cinco años después, esa cifra se duplicó. De acuerdo con diversas investigaciones, el movimiento del pueblo negro en México tenía varias décadas exigiendo que los censos nacionales incluyeran esa pregunta, pidiendo que se les reconociera como sujetos de derecho en la Constitución y que se implementaran políticas públicas de información y sensibilización para que se pudiera saber su origen e identificarse con él. En 2019, luego de un proceso de consulta y de una larga lucha, se reconoció en la Constitución la existencia de los pueblos y comunidades afromexicanas en el apartado C del Artículo 2. Una de las partes más importantes es el reconocimiento de su “carácter de sujetos de derecho público”. Es decir, se les reconoce como personas con todos los derechos y obligaciones. Hace pocos días, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma al artículo 2º de la Constitución Política, a fin de reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. El documento, avalado en lo general con la unanimidad de 37 votos, y en lo particular por 36 votos, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, e incluye diversas propuestas de Diputadas y Diputados. En el apartado C, se especifica que tienen derecho a la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y propiedad intelectual colectiva, a que se promuevan, reconozcan y protejan sus conocimientos, aportes y contribuciones a México, así como se ordena que se les incluya en los registros de producción de datos, información y estadísticas oficiales.
En el apartado D “se reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar” en el desarrollo integral, la toma de decisiones públicas; educación, salud, propiedad y posesión de la tierra. De igual forma, reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud afromexicana a la educación, salud, cultura, deporte y capacitación para el trabajo y a que vivan una vida libre de exclusión, discriminación y violencia.
La discriminación y el racismo, que tanto afectan a las personas y comunidades afrodescendientes, está siendo atendida por instituciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales, apoyando de manera significativa la creación de estrategias y actividades a su favor. El reconocimiento de este sector y la atención de sus necesidades resultan temas impostergables en nuestro país, pues implica luchar contra el racismo y la discriminación, así como trabajar a favor de generar mejores condiciones económicas, de salud y educación para quienes han vivido, por mucho, en la marginación y la invisibilidad. A pesar de lo avanzado, se requiere continuar desarrollando leyes y estrategias que favorezcan el reconocimiento del pueblo afrodescendiente y por tanto, políticas públicas en su beneficio, lo que abona a la protección de nuestra cultura y a la mejora de nuestra sociedad.
