La propuesta de reforma electoral de la comisión presidencial tocaba los intereses de las cúpulas de los partidos políticos. Se trata de personajes que viven de las facturas en cafeterías y restaurantes, de duplicar gastos en eventos corporativos y que rechazan la vida democrática que pone en riesgo la facturación desmedida.
La postura del PT y PV significa que no están dispuestos a respetar la voluntad popular de los más de 35 millones que depositaron su confianza en la presidenta Sheinbaum y de un Pueblo que cuestiona, sin importar los colores de quienes estén en el poder, los excesos del presupuesto a partidos.
La alternativa para no romper la unidad del movimiento y cumplir con las demandas del Pueblo es el Plan B, una iniciativa que busca combatir privilegios desde los gobiernos locales y el poder legislativo. El objetivo central es reducir los espacios de representación que se han convertido en cuotas para los grupos de poder.
Para el gobierno federal aún persisten excesos en cuanto a la administración en estados y municipios. La presidenta identifica en sus giras que hay distancia entre la atención y resolución de los problemas cotidianos de la gente. La falta de voluntad política para profundizar en el principio de la austeridad republicana es una de las razones.
Las demandas populares principalmente están en la atención ciudadana, los servicios públicos, programas sectoriales, infraestructura y seguridad, temas que requieren de compromisos tangibles desde el primer contacto, cuya responsabilidad cae ineludiblemente en ediles, regidores y diputados locales.
Otro punto importante a tratar es la consulta pública para los asuntos relacionados con las elecciones. Cuando no hay consenso entre representantes populares y administradores, la democracia participativa es la respuesta. Estaremos pendientes de la respuesta de la partidocracia ante un Plan B menos radical pero más cercano al consenso. El país lo requiere.
