Después de cinco años de uno de los mayores desastres medio ambientales en la historia de México: el derrame de 40 millones de litros de lixiviados al río Sonora presuntamente a causa de la negligencia bajo la que operaba (o aún opera) la mina Buena Vista del Cobre de la minera Grupo México, se vislumbra un pequeño hilo de esperanza para los habitantes de los pueblos asentados en la región del río.
En días recientes funcionarios del gobierno federal visitaron Ures, Sonora, uno de los nueve pueblos que integran la región del río Sonora, y escucharon a los habitantes contar sus experiencias y demandas sobre la situación que viven a partir del derrame. Afectaciones a las actividades agrícolas y ganaderas, al comercio de productos alimenticios, enfermedades en su mayoría cutáneas, una clínica de especialidades en obra negra y un fideicomiso fantasma que la empresa “pagó” para limpiar sus culpas, son quizás los temas más sensibles para la población que hasta este momento ve con tristeza que ante los ojos de los grandes millonarios de México sus vidas y las de sus seres más amados no valen nada.
Para comprender la frustración de los 22 mil habitantes de la región es conveniente conocer algunos datos que el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), ha recabado a lo largo de estos años.
Para no detener la actividad de la mina el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto comprometió a Grupo México a crear un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, de los cuales se ejerció apenas la mitad, del resto no se sabe qué pasó. Una vez creado el Fideicomiso Río Sonora se designó a un Comité Técnico encabezado por el entonces subsecretario de SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo, cabe aclarar que a dicho CT no se incorporó ningún representante de los pueblos. De esos 2 mil millones se pagó cuatro veces más a comunicación que a los afectados en salud (381 casos al 2014), una de las compañías más beneficiadas fue Rotoplas, cuyo socio mayoritario es familiar de German Larrea, y en segundo lugar los beneficiados fueron el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, A.C. y el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. este último fundado por Lacy Tamayo. De 36 potabilizadoras comprometidas sólo había una y de 63 pozos prometidos sólo estaban en proceso 17.
La esperanza de los pobladores persiste, pues reconocen en el gobierno actual una mayor sensibilidad y sentido de la justicia, sin embargo también hay escepticismo, ya que se han agotado casi todos los recursos para buscar justicia ante el ecocidio. La población más que justicia espera certidumbre, sin embargo una nueva amenaza se cierne sobre el río, pues en el mismo lugar en donde se originó el derrame de 2014 está en marcha la construcción de una presa de jales, la cual se usará para verter toneladas de desechos tóxicos durante un tiempo estimado de 40 años.
Martha Cajigas. Maestra en Desarrollo Regional por el CIAD, A.C. Actualmente se desempeña en áreas relacionadas con políticas y programas federales para el desarrollo.
@marthacajigas
