Por: Imelda Castro
La Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido, por décadas, uno de los motores más constantes del crecimiento económico mexicano. En 2024, México captó 37 000 millones de dólares, una cifra que lo mantuvo entre los principales destinos de América Latina y confirmó la confianza de inversionistas globales en la estabilidad macroeconómica que el país ha consolidado en los últimos años. Sin embargo, estos logros conviven con un desafío estructural: la enorme desigualdad territorial en la distribución de esos capitales.
Hoy, diez estados concentran más del 80% de la IED. Es una cifra que revela una paradoja: mientras el país en su conjunto atrae inversión récord, amplias regiones del sur y parte del centro siguen recibiendo apenas migajas. Esta brecha no solo limita el potencial de desarrollo regional, sino que también reduce la capacidad del país para integrarse plenamente a la nueva ola de reindustrialización verde y relocalización productiva que está transformando el mapa económico global.
México posee ventajas que muchos otros países envidiarían: estabilidad macroeconómica, cercanía estratégica con Estados Unidos, un mercado laboral calificado y un marco jurídico abierto a la inversión. El gobierno federal ha sabido capitalizar estos factores al promover, con prudencia y visión, un entorno de certeza económica y financiera. De hecho, la Secretaría de Economía reporta que más del 60% de los anuncios de inversión registrados desde 2023 corresponden a sectores de innovación, electromovilidad y tecnologías limpias. Esto confirma que la transición hacia una economía más verde ya está en marcha.
No obstante, un país con tanto potencial no puede seguir operando con una legislación diseñada hace más de 30 años. La Ley de Inversión Extranjera de 1993 fue fundamental para abrir nuestra economía, pero hoy resulta insuficiente para enfrentar un mundo digitalizado, competitivo y acelerado. Su arquitectura institucional, centrada en una Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) que sesiona dos veces al año, limita la capacidad del Estado para analizar el impacto social, laboral y tecnológico de los proyectos que llegan al país.
Además, los informes que la CNIE envía al Congreso se enfocan principalmente en montos y sectores, sin ofrecer datos cruciales sobre generación de empleo local, transferencia de tecnología, sostenibilidad o decisiones adoptadas en sus reuniones. Y, quizás más importante, la ley no contempla ninguna herramienta para orientar inversiones hacia regiones históricamente rezagadas. La política de inversión termina siendo, por diseño, una política sin brújula regional.
Por ello, recientemente presenté una iniciativa para actualizar este marco jurídico y alinearlo con las necesidades del México del siglo XXI. La propuesta plantea cuatro cambios esenciales.
Primero, dinamizar el trabajo de la CNIE mediante sesiones trimestrales que permitan dar seguimiento puntual, técnico y transparente a los proyectos. Segundo, ampliar los informes al Congreso para incluir datos sobre empleo, tecnología, sostenibilidad y acuerdos adoptados. Tercero, otorgar a la Comisión la facultad de elaborar alternativas geográficas para la instalación de inversiones, basadas en estudios que identifiquen zonas con mayor potencial social y laboral. Y cuarto, vincular de manera más directa a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas con las corporaciones extranjeras que operan en el país, fomentando la transferencia de capacidades, conocimientos y cadenas de proveeduría nacional.
Este último punto es clave. Según el Banco de México, aunque una mayoría de empresas reconoce las oportunidades del nearshoring, menos de la mitad cuenta con las capacidades para integrarse a cadenas globales de valor. Si no fortalecemos el tejido productivo nacional, México corre el riesgo de atraer inversiones que funcionen como “islas industriales” desconectadas de su entorno económico. Vincular a las mipymes es, en realidad, vincular a la economía mexicana consigo misma.
La iniciativa no busca “cerrar” la inversión ni aumentar trámites; al contrario, pretende darle una orientación estratégica. Quiere que cada dólar que llegue contribuya al desarrollo regional, al empleo digno y a la innovación tecnológica. Que la inversión extranjera deje de ser una apuesta meramente cuantitativa para convertirse en una herramienta de bienestar y justicia territorial.
México ya atrajo la inversión. El siguiente paso es asegurarse de que beneficie a todas y todos.
El reto, y la oportunidad histórica, consiste en pasar de una política de atracción pasiva a una política de inversión con propósito. Una política que no solo registre montos, sino que transforme vidas. Una política que no solo seduzca capital, sino que impulse regiones enteras.
Por eso, la iniciativa es oportuna, moderna y necesaria. Si queremos que el país avance de manera equilibrada, es hora de que la inversión extranjera sea un verdadero motor de desarrollo nacional.
@imeldacastromx
Senadora de la República por el estado de Sinaloa.
