La extorsión es una de las herencias más dolorosos que dejaron los gobiernos anteriores. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la “guerra contra el narcotráfico” militarizó al país y fracturó el tejido social, este delito se multiplicó bajo el amparo de la impunidad y el miedo. Mientras los cárteles se disputaban territorios, surgió un nuevo negocio: cobrarle al pueblo por sobrevivir.
En la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el tema volvió al centro del debate. Y no por casualidad. El gobierno ha reconocido que la extorsión es una de las expresiones más corrosivas del crimen organizado y un reflejo del rezago social que aún persisten. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con : la seguridad se construye desde las causas.
Esa es la diferencia de fondo entre una política de seguridad punitiva y una política de seguridad humanista. No se trata de sembrar miedo ni de llenar cárceles, sino de desmontar las estructuras económicas, sociales y culturales que sostiene al crimen.
Ante el Senado, Harfuch presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una ruta de trabajo que combina inteligencia, coordinación y persecución de oficio. Informó que desde julio, se han atendido más de 32 mil llamadas al 089, se han frustrado casi siete de cada diez intentos y detenido a más de 200 personas en quince estados. Pero lo esencial no está en las cifras, sino en el mensaje: el Estado deja de mirar a otro lado y asume la defensa de la gente, porque la extorsión no es un delito aislado, es una herida colectiva.
La reforma constitucional que sienta las bases de la Ley General contra la Extorsión apunta en esa misma dirección. Por primera vez, el delito será homologado en todo el país, las sanciones serán proporcionales y, sobre todo, la persecución podrá hacerse aun sin denuncia. En un país donde el miedo paraliza, esa medida puede marcar la diferencia entre el silencio y la justicia. Se rompe con la lógica neoliberal que privatizó incluso la seguridad, que convirtió el miedo en negocio y la violencia en estadística.
En este sentido, atender las causas significa mirar de fondo los problemas: la desigualdad, la exclusión y la corrupción que alimentan la violencia. La presidenta Sheinbaum ha reiterado que sin educación, empleo y bienestar, no hay paz posible. De ahí que la estrategia de seguridad se complemente con programas sociales, becas, apoyos a mujeres, impulso a la economía popular y una política de prevención que coloca la justicia social en el centro.
¿Puede haber una paz duradera sin justicia económica? ¿Se puede hablar de seguridad cuando los jóvenes no tienen oportunidades o las mujeres viven bajo doble amenaza: la del patriarcado y la del crimen? La respuesta, que este gobierno asume, es no.
En ese contexto, la presencia de Harfuch en el gabinete simboliza una continuidad con renovación. Experiencia operativa, sí, pero también una visión integral que entiende que la inteligencia sin empatía no transforma, y la fuerza sin justicia solo repite el ciclo. El humanismo mexicano es, también, una estrategia de seguridad: construir paz es más revolucionario que declarar guerras.
El reto no es menor. La extorsión ha crecido como una forma de control territorial y económico, especialmente en estados donde los procesos comunitarios fueron destruidos por la pobreza y el abandono. Pero la diferencia es que ahora el Estado no evade su responsabilidad: se mete al territorio, escucha a la gente y actúa de manera coordinada.
En vez de criminalizar a los pobres, se combate la raíz de la violencia: la desigualdad. En vez de usar el miedo, se promueve la confianza. Esa es la esencia del cambio. Seguridad con justicia significa que el Estado deja de castigar la pobreza y empieza a castigar la indiferencia.
El mensaje de este nuevo paradigma es claro: la paz no se decreta, se construye. La extorsión no se erradica solo con operativos, sino con esperanza, organización y justicia social.
La 4T busca que la seguridad sea del pueblo y para el pueblo, donde cada política pública, desde la escuela hasta la economía, contribuya a un país sin miedo.
Atender las causas es, en el fondo, el acto más profundo de justicia. Porque solo así, desde abajo y con el pueblo, la seguridad se convierte en sinónimo de transformación.
