En la madrugada del 3 de enero de este año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en un hecho sin precedentes y sin que mediara un proceso judicial previo —como se exige prácticamente en cualquier parte del mundo, fueron privados de su libertad de manera ilegal y trasladados a suelo estadounidense, al atribuírseles los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Si este hecho, por sí mismo, resulta grave, lo es aún más al tratarse de una acción ejecutada por un gobierno extranjero, llevada a cabo por fuerzas militares de los Estados Unidos, en atención a una indicación de su presidente, Donald Trump.
De lo anterior, es importante señalar dos puntos particularmente preocupantes. El primero es la arbitrariedad y la ilegalidad en la detención de un jefe de Estado, como lo es el presidente Nicolás Maduro, por parte de un gobierno extranjero, lo cual vulnera tanto sus derechos humanos como la soberanía del pueblo venezolano ya que debió agotarse previamente un proceso legal y acreditarse la comisión de los delitos que se le imputan. El segundo es el evidente intervencionismo estadounidense en la política interna de un país con fines expansionistas y sobre todo por razones de poderío energético, bajo la falsa narrativa de coadyuvar a la construcción de la democracia venezolana.
De acuerdo con declaraciones del presidente Donald Trump y del propio gobierno estadounidense, Nicolás Maduro fue detenido para enfrentar cargos de narcotráfico y narcoterrorismo; delitos de los cuales el propio mandatario se ha declarado inocente, señalando además que se considera un prisionero de guerra. Frente a estos hechos, la presidenta de México ya ha emitido un posicionamiento público, subrayando la necesidad de respetar la soberanía de los Estados, conforme a la Doctrina Estrada, y señalando que el presidente de Venezuela debe contar con un juicio justo respecto de las imputaciones que se le atribuyen.
Para iniciar un proceso penal en contra del presidente de Venezuela, debieron agotarse previamente las instancias y procedimientos nacionales correspondientes. De acuerdo con el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo a la falta absoluta del presidente, esta solo puede configurarse, entre otros supuestos, cuando existe una destitución mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (control jurídico), aprobada por la Asamblea Nacional (control político). Dicho procedimiento, de manera evidente, no ocurrió; por lo tanto, Nicolás Maduro continúa siendo, desde el punto de vista constitucional, el presidente de Venezuela.
Respecto de la detención del presidente Maduro, resultado de una operación militar —así reconocida por el propio presidente de los Estados Unidos y su gobierno—, esta no solo fue ilegal por la forma en que se ejecutó, sino también porque no se respetaron los tratados internacionales, convenios, protocolos ni los procedimientos diplomáticos correspondientes, como ocurre en los casos de extradición. Esta última se entiende como el procedimiento mediante el cual un Estado requirente solicita a otro Estado requerido la entrega de una persona acusada o condenada por la comisión de un delito en el territorio del primero.
Finalmente, y quizá como el punto más revelador, la verdadera razón de la detención del presidente Maduro parece estar vinculada al intervencionismo estadounidense en Venezuela. Las razones pueden ser múltiples, pero en ninguna de ellas se vislumbra un interés genuino por el fortalecimiento de la democracia venezolana. Por el contrario, todo indica que el gobierno trumpista busca incidir en el control de los recursos estratégicos del país sudamericano, particularmente de sus reservas petroleras. Venezuela encabeza la lista mundial con aproximadamente 303 mil millones de barriles de reservas probadas, seguida por Arabia Saudita con 267 mil millones e Irán con 209 mil millones. En comparación, Venezuela posee alrededor de 43 veces más reservas petroleras que México.
Este año sin duda será un año de tención en América tomando en cuenta el contexto y un mundial de fútbol en puerta, un posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos bastante timorato; por lo que corresponde a México, el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de cancillería ha sido acertada; pues en el pasado posiblemente se le hubiera dado la razón al vecino del norte; hoy por fortuna, las cosas han cambiado.
