Corría el año de 1995 cuando Ernesto Zedillo, entonces presidente de la República Mexicana, anunció a la población la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México bajo el argumento de que esta decisión fomentaría la competencia entre compañías ferroviarias.
La estrategia fue un desastre. Apenas unos años después, respectivamente en 2006 y 2011, las empresas Kansas City Southern junto con la Transportadora Ferroviaria Mexicana y Ferromex junto con Ferrosur, obtuvieron la autorización de un tribunal para fusionarse, concentrando de forma excesiva la industria generando oligopolios que mermaron las posibilidades de tener un mercado con oferta diversa y competitiva. Pero no solo eso, Ernesto Zedillo se vio beneficiado personalmente por la privatización: habiendo realizado su negocio a costa de nuestro patrimonio, al concluír su cargo como mandatario, se afilió al Consejo de Administración de la ferroviaria Union Pacific, una de las empresas concesionadas por entre 20 y 50 años.
Con la privatización de los trenes además proliferó la industria automovilística, a pasos agigantados, multiplicando la cantidad de automóviles que circulaban, hecho que triplicó la cantidad de emisiones de carbono. Según la Comisión para la Cooperación Ambiental, el transporte carretero desprende 104.5 toneladas de CO2 por cada millón de toneladas por kilómetro transportadas, comparadas con las 39.3 toneladas de CO2 del transporte de carga ferroviario. Ambientalmente fue un desastre: el transporte automovilístico significa utilizar por persona cinco veces más litros de gasolina de lo que se utilizaría si se viajara en tren. Es decir, la privatización de los ferrocarriles durante el neoliberalismo fue sinónimo de corrupción, de oligopolios y de un impacto ambiental abrumante.
Es fundamental que el Estado vuelva a impulsar y dirigir el sistema de transporte ferroviario para interconectar a nuestra nación. Quienes hoy critican el proyecto del Tren Maya ignoran –o maliciosamente evitan decirlo– que su construcción contempla como objetivo principal el desarrollo de algunas de las comunidades más marginadas de nuestro país mediante la generación de polos de desarrollo en sus estaciones para impulsar el comercio, el empleo y los servicios básicos para el bienestar. Además, suelen evitar decir que para el proyecto se está trabajando paralelamente con más de 18 dependencias gubernamentales, como Conagua, con el fin de satisfacer las demandas de las comunidades cercanas a la construcción del tren. Y que además, se han establecido asambleas de diálogo constante con la población de la zona para escuchar sus demandas y necesidades, e incluso, de forma paralela a este proceso, se realizó una votación donde hubo un 92% de consenso a favor.
El proyecto del Tren Maya contempla que será construido en un 50% sobre las líneas de tren ya existentes y además aprovechará superficies ya destinadas a derechos de vía y a servidumbres de paso para evitar la remoción de flora y fauna. Contará de igual forma con una estrategia ambiental entre cuyos puntos destaca la construcción de pasos de fauna, es decir, corredores biológicos que darán libre tránsito a las especies de la zona, aquellas que se habían quedado aisladas unas de otras desde la construcción de las vías carreteras.
Además, de acuerdo con las palabras de Gerardo Ceballos, científico de la UNAM y uno de los conservacionistas más importantes del país: “Bien hecho, el Tren Maya ayudaría a contrarrestar la depredación de la selva”. El tren, en tanto que será un proyecto de desarrollo económico para los habitantes cercanos, será una forma de brindar apoyo, prevenir y generar alternativas para quienes se han visto obligados, por necesidad, a talar de forma clandestina para la mafia china ubicada cerca de Calakmul.
El proyecto, si se desarrolla como hasta ahora ha sido planeado, implicará no solo los primeros pasos para que comience a prosperar la región sur, una de las zonas más pobres de nuestro país, sino también implicará un hito, un precedente a seguir en materias de cuidado ambiental, desarrollo económico, participación y diálogo social para futuros proyectos nacionales.
