Cuando Martí Batres habla de la universalización del sistema de salud, en realidad está poniendo sobre la mesa una discusión mucho más profunda que la simple reorganización de hospitales, clínicas o programas públicos. Lo que está planteando es una definición de país, o se consolida un modelo donde la salud sea un derecho efectivo para todas y todos, o se mantiene el viejo esquema donde millones de personas siguen enfrentando barreras, trámites, exclusiones y carencias para recibir atención médica.
Ese es el punto central. La universalización no consiste solamente en ampliar cobertura en el discurso, ni en repetir que el acceso a la salud es un derecho. Consiste en garantizar, en la práctica, que ninguna persona quede fuera de la atención por no tener empleo formal, por no pertenecer a determinada institución o por no contar con dinero suficiente para resolver por su cuenta lo que el Estado tendría que garantizar. En otras palabras, implica romper con la lógica que durante décadas fragmentó el sistema de salud y convirtió un derecho social en una prestación condicionada.
Durante mucho tiempo, el modelo mexicano operó sobre una profunda desigualdad institucionalizada. Quien tenía empleo formal podía aspirar a atención en una institución pública determinada; quien no, quedaba sujeto a esquemas limitados, incompletos o insuficientes. La consecuencia fue brutal: mientras unos accedían a servicios con cierta estabilidad, otros tenían que enfrentar hospitales saturados, falta de equipo, desabasto, largas filas y atención tardía. La enfermedad, en lugar de ser atendida con justicia, terminó amplificando las desigualdades sociales ya existentes.
Por eso, la universalización del sistema de salud tiene un contenido profundamente social. No se trata solo de hacer más eficiente la administración pública; se trata de corregir una injusticia histórica. Y esa corrección pasa necesariamente por fortalecer la capacidad del Estado. Porque si algo dejó claro la etapa neoliberal fue que el debilitamiento deliberado de lo público no resolvió nada para la mayoría. Al contrario, fragmentó servicios, normalizó la precariedad y abrió espacios para que intereses privados hicieran negocio con las carencias del sistema.
No hay que engañarse. Cada vez que se deteriora una institución pública de salud, alguien gana. Ganan quienes lucran con la subrogación, con la intermediación, con la privatización silenciosa, con la compra externa de servicios y con la idea de que lo público “no funciona”. Durante años se vació al Estado de capacidades y luego se utilizó ese mismo deterioro como argumento para justificar más mercado y menos derechos. Esa fue una de las trampas más perversas del modelo neoliberal: provocar la debilidad de lo público para después presentarla como prueba de su supuesta inutilidad.
Ese es, precisamente, el desafío más importante. Universalizar no es uniformar la precariedad; es elevar el piso de atención para todas y todos. No es sumar derechohabientes a un sistema débil; es fortalecer el sistema para que nadie quede excluido. No es administrar escasez con otro nombre; es construir un modelo donde la dignidad no dependa del tipo de afiliación ni del tamaño del ingreso.
Al final, la pregunta de fondo no es administrativa, sino moral y política. ¿Queremos un país donde la atención médica siga dependiendo de la suerte laboral y la posición económica, o queremos un Estado capaz de garantizar derechos sin exclusiones? Ahí está el verdadero debate.
Porque no nos confundamos, universalizar la salud no es un lujo presupuestal ni una consigna de ocasión. Es la línea que separa a un Estado que protege de uno que abandona. Y un país que abandona a su pueblo en la enfermedad no puede llamarse justo, ni moderno, ni democrático.
