La diputada federal de Morena Irma Juan Carlos reclamó a diferentes dependencias del gobierno federal atender las justas demandas de los campesinos indígenas chinantecos afectadas por el proceso de expropiación de sus tierras que inició el 30 de agosto de 1972 para construir la presa “Cerro de Oro” en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
A través de un exhorto presentado ante el Congreso de la Unión y dirigido a la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Registro Agrario Nacional, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, les pidió la creación de una mesa interinstitucional para generar alternativas con las cuales resarcir los daños y perjuicios generados en todos estos años.
Con esta mesa se busca evaluar el grado de cumplimiento del proceso indemnizatorio, reacomodo, dotación de tierras, creación de centros poblacionales y otorgamiento de seguridad jurídica, derivado de la expropiación de sus tierras, así como las condiciones de vida actuales que tienen los expropiados en los ejidos que se formaron con su desplazamiento;
Así como revisar los expedientes indemnizatorios integrados por la extinta “Comisión del Papaloapan” y ofrecer mecanismos de solución a las necesidades más básicas y apremiantes en cada ejido formado por el desplazamiento de los expropiados.
Lo anterior, con la generación de las condiciones necesarias para que los pueblos de campesinos indígenas chinantecos continúen trabajando el campo pero de forma digna y con acceso a apoyos productivos, técnicos, financieros y de agua potable; se resarza en lo procedente los agravios materiales y comunitarios que se les infringió a raíz de la expropiación, se les brinde acceso a una vivienda digna y se les dé seguridad jurídica por las tierras que hoy poseen.
Irma Juan Carlos explicó que los funcionarios de gobierno se aprovecharon entonces de la ignorancia y de la buena fe del pueblo indígena chinanteco, así como de la confianza que les brindaron a quienes consideraban representantes del gobierno federal.
“En suma, no se les respetaron sus derechos y garantías fundamentales como pueblos indígenas y, como consecuencia de ese proceso viciado e irregular, fueron engañados, timados y reacomodados en el olvido, al arrebatarles parte de su tradición y cultura, cortando sus lazos y núcleos familiares”.
