La 64 Legislatura del Congreso Local de Oaxaca, llamó a comparecer al Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, pues los legisladores -en su mayoría de la fracción parlamentaria de Morena-, consideran que su desempeño ha sido deficiente y ha propiciado la impunidad en la entidad, en poco menos de un año y medio que lleva en el cargo.
Luego de un par de intentos infructuosos, al Congreso de Oaxaca logró concretar la cita para que comparezca el Fiscal y exponga detalladamente las acciones, avances y resultados en materia de procuración de justicia, respecto de los delitos: feminicidio, despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, desaparición de personas, desplazamiento forzado de personas y asignación irregular de vehículos consignados o asegurados, pues presumen que han quedado en la impunidad.
En el acuerdo propuesto por la bancada de Morena -que fue turnado a la Junta de Coordinación Política para que defina la hora y la fecha- refiere que con base en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Oaxaca en el periodo comprendido de enero – junio 2022, presenta una incidencia delictiva de 22 mil 167, lo cual deja a la entidad en el decimocuarto lugar con mayor incidencia delictiva a en todo el país.
El análisis estadístico y la comparativa respecto a los demás estados, en cuanto a incidencia delictiva, muestra un marcado incremento en la comisión de delitos y la violencia en todas las regiones de la entidad.
FEMINICIDIOS
Oaxaca se ubica en el quinto lugar a nivel nacional por la incidencia de feminicidios, pues en lo que va del año se tiene registro de 41 casos.
Respecto a despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad, el acuerdo refiere que, en diversos medios de comunicación se han difundido las denuncias interpuestas por ciudadanos contra la presunta existencia del denominado “cártel del despojo”, que implica una red de personas, entre notarios, servidores públicos y particulares, quienes estarían coludidos para cometer dichos delitos.
De acuerdo con los datos del el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de Oaxaca se sitúa en el lugar número 20 de las entidades federativas con mayores índices en materia de personas desaparecidas y no localizadas, alcanzando en suma 3 mil 802 personas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a mujeres.
Los cinco municipios con mayor incidencia de este delito son Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila.
En otro de los tópicos sobre los cuales tendrá que comparecer Arturo Peimbert está el desplazamiento forzado interno, pues Oaxaca es una de las ocho entidades con mayor número de casos a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), plasmados en el Diagnóstico Nacional Sobre La Situación Del Desplazamiento Forzado Interno En México 2021.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) refiere que se trata de individuos, familias o comunidades que son obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.
Asimismo, en 2021 se generaron nuevos desplazamientos en comunidades como Tierra Blanca Copala; Guerrero Grande; Ndoyonuyuji y Mier y Terán; estos últimos en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
Uno de los principales cuestionamientos realizados contra la Fiscalía de Oaxaca que encabeza Peimbert Calvo, es la asignación y uso irregular de vehículos que se encontraban bajo el resguardo de este organismo autónomo, los cuales son utilizados por particulares, líderes sociales, organizaciones sociales y funcionarios, acciones que han calificado como parte de un sistema de corrupción y tráfico de influencias, que se han arraigado como malas prácticas que se repiten en cada administración.
LOS PECADOS DE PEIMBERT
La larga lista de pecados alrededor de la gestión de Arturo Peimbert Calvo al frente de la Fiscalía de Oaxaca son errores que ha repetido desde que fue Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El principal de ellos es el ausentismo, pues se le acusa de despachar desde cualquier parte menos desde las oficinas de la FGEO. Tampoco se le ha visto pisar ni una sola vez Ciudad Judicial, que alberga los dos principales recintos de este organismo autónomo que cuenta con casi cuatro mil trabajadores.
Además, su cercanía con sectores políticos cuestionados, como con quienes integran este grupúsculo de legisladores del Congreso Local que llegaron a la curul a través de Morena y que ahora quieren jugar las contras a la 4T formando su propia bancada.
Además que, durante el proceso de selección del candidato de Morena en Oaxaca, para contender como a la gubernatura del estado, Peimbert Calvo se pronunció abiertamente por Susana Harp, apoyo que no se limitó en lo moral, sino que acusaron que ocupó recursos públicos para dicho respaldo, aunque ese será uno de los temas que también podría explicar ahora que tenga que responder a los cuestionamientos ante el Congreso.
Comparecencia de Peimbert
Feminicidios: el estado se ubica entre los primeros 10 con mayor incidencia de este delito en todo el país.
Despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad: diseñado como un sistema de corrupción para apropiarse de inmuebles, estos delitos han provocado que cada día surjan más denuncias sobre esta práctica que permea diferentes niveles del gobierno estatal.
Desaparición de personas: con un creciente número de víctimas, la Fiscalía no se da abasto para resolver este delito que va en aumento en regiones donde la delincuencia organizada tiene mayor presencia.
Desplazamiento forzado de personas: los conflictos sociales, religiosos y hasta agrarios, principalmente, son las causas de este fenómeno que obliga a que un grupo determinado de pobladores tenga que abandonar su lugar de origen buscando seguridad, como lo hemos visto en regiones como la Mixteca.
Asignación irregular de vehículos consignados o asegurados: esta mala práctica quedó al descubierto cuando el propietario de un vehículo encontró su automóvil en la calle, cuando era usado por la esposa de un funcionario estatal, lo cual develó que son decenas los vehículos asegurados que, en lugar de permanecer dentro del corralón por estar sometidos a una investigación, son asignados para uso particular, lo cual se traduce en la comisión de un delito por parte de la misma Fiscalía.
