En una sesión privada reciente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una solicitud presentada por la Ministra del Pueblo, Lenia Batres. La propuesta buscaba instar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a tomar medidas para garantizar que el paro de algunos jueces y magistrados no afecte el derecho al acceso a la justicia.
«Al pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro país y sólo se atiendan las «urgencias» (económicas)», escribió en su cuenta de X.
Al pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro país y sólo se atiendan las «urgencias» (económicas) de las personas juzgadoras, a pesar de que somos servidores públicos, obligados a ver por los… pic.twitter.com/n2VJJxiIhc
— Lenia Batres (@LeniaBatres) September 2, 2024
Desde hace dos semanas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han suspendido labores en protesta contra la Reforma Judicial en discusión en la Cámara de Diputados. La Ministra Batres, apoyada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, argumentó que el paro está lesionando el derecho humano de acceso a la justicia y que las preocupaciones económicas de los jueces y magistrados no deben prevalecer sobre el interés general del Pueblo.
Batres también señaló que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, que ha respaldado el paro, es una asociación civil sin personalidad jurídica para promover una suspensión laboral. En su comunicado, la Ministra criticó la falta de interés del Pleno del CJF y de la SCJN en garantizar el acceso a la justicia, priorizando los intereses económicos de algunos funcionarios.
Esta decisión ha generado un debate sobre la legalidad y las implicaciones del paro, así como sobre las responsabilidades del CJF en la administración y disciplina del Poder Judicial.
