La comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Julieta del Río, ha desafiado abiertamente la reciente decisión de la Cámara de Diputados que, con mayoría calificada, aprobó una reforma para eliminar al INAI y transferir sus funciones a la Secretaría Anti-Corrupción. En un mensaje público, Del Río aseguró que no entregará la información solicitada, haciendo caso omiso a la votación que buscó disolver el organismo autónomo.
El INAI, que tenía la responsabilidad en el ejercicio del derecho a la transparencia y la rendición de cuentas en México pero que nunca la cumplió, enfrenta una reforma que ha generado controversia en diversos sectores de la sociedad. Los legisladores de la 4T argumentan que esta medida es necesaria para combatir la corrupción y hacer más eficiente el acceso a la información en el gobierno. Sin embargo, la postura de Del Río resalta las tensiones entre las autoridades del INAI y las decisiones del poder legislativo, lo que podría generar nuevos conflictos en el futuro.
El caso ha encendido el debate sobre la autonomía de las instituciones en el país y el control del acceso a la información pública. En respuesta, voces de la oposición han calificado la actitud de la comisionada como un acto de resistencia ante la reforma, mientras que el Gobierno Federal pide un enfoque más firme frente a lo que consideran actitudes corruptas.
Esta situación pone de manifiesto las divisiones políticas sobre la reforma al INAI y las implicaciones para la transparencia gubernamental.
