En un operativo sin precedentes, la «Operación Limpieza» ha logrado el decomiso de más de tres millones de artículos presuntamente ilícitos, con un valor aproximado de 320 millones de pesos. La intervención, llevada a cabo en Ensenada, es considerada el más grande aseguramiento de contrabando y piratería en la historia reciente de México, y fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Economía Federal y el Gobierno Estatal de Baja California.
Este operativo forma parte de una estrategia nacional para combatir el contrabando y la distribución de productos pirata en diversas entidades del país, como la Ciudad de México, Sonora y Coahuila. La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó la importancia de este esfuerzo y ratificó el compromiso del estado con la iniciativa impulsada por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
El operativo se centró en la inspección de dos grandes establecimientos en Ensenada, abarcando un total de 18,000 metros cuadrados, donde se encontraron artículos sin la debida legalidad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que este es uno de los operativos más significativos del país, aludiendo a la creciente cantidad de productos ilícitos encontrados a medida que se avanza hacia el norte del país.
Durante la revisión, se detectaron serias irregularidades sanitarias, como la falta de permisos de funcionamiento, etiquetado deficiente y productos caducados, entre ellos alimentos y cosméticos sin la debida regulación. Además, se hallaron artículos que violan normas de propiedad intelectual e industrial.
En total, participaron 371 elementos de diversas dependencias federales y estatales, incluyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Baja California, entre otros. Este esfuerzo conjunto busca proteger a industrias clave, como la textil, zapatera y del juguete, las cuales enfrentan pérdidas significativas debido al contrabando.
La Gobernadora anunció que se tomarán las medidas legales pertinentes contra las empresas que incumplan con las normativas mexicanas, a fin de garantizar la integridad del mercado y los empleos mexicanos.