En la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Estatal de Seguridad, encabezada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se renovó el Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos para combatir la delincuencia y promover la paz en Baja California.
La Gobernadora resaltó que esta renovación es clave para reforzar las estrategias de prevención de delitos en las zonas de mayor incidencia, enfatizando la importancia de trabajar unidos para garantizar la seguridad de las comunidades.
«Este Gobierno está para sumar y construir. Espero que en 2025 podamos alcanzar nuestras metas, entre ellas, mejorar la seguridad en nuestras ciudades», afirmó ante los Alcaldes presentes.
Un avance importante de la sesión fue la aprobación de un incremento salarial para los policías del estado. Para finales de 2025, el sueldo base de los agentes será homologado a 21,500 pesos mensuales. El secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, destacó que este ajuste busca dignificar la labor de los policías y fortalecer su profesionalización, reconociendo la importancia de contar con una fuerza policial confiable y capacitada.
Además, se acordó que todos los policías en Baja California deberán aprobar el examen de Control y Confianza administrado por el C3 antes de concluir 2025, respetando siempre sus derechos humanos.
«La confianza en la policía es uno de los mayores retos, y es nuestra responsabilidad como autoridades garantizar una administración de justicia eficiente y cercana a la gente», señaló Aguilar Durán.
La Gobernadora también agradeció el apoyo de las autoridades federales, como la SEDENA, SEMAR y la Guardia Nacional, así como de los presidentes municipales de los siete municipios de Baja California, y los exhortó a liderar las acciones de seguridad en sus territorios, tal como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum en otras entidades.
La sesión contó con la presencia de funcionarios clave como Alfredo Álvarez, secretario general de Gobierno; Ma. Elena Andrade, fiscal general del Estado; y los presidentes municipales de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate, San Quintín y San Felipe.
