El diputado Antonio Attolini Murra, en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso del Estado de Coahuila, exige al Ayuntamiento de Torreón y al presidente municipal, Román Alberto Cepeda González, el cumplimiento íntegro, sin dilaciones ni excusas, de los diez puntos establecidos en la Recomendación 07/2025 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) el 28 de abril de 2025.
Esta recomendación responde a los graves hechos ocurridos el 7 de abril de 2025 en el Ejido Nuevo Mieleras, donde agentes del Grupo de Reacción Torreón (GRT), dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM Torreón), privaron arbitrariamente de la vida a una persona (Ag1) durante un operativo de desalojo, configurando la violación de derechos humanos más grave conocida por las instituciones locales en los últimos cinco años.
La Recomendación 07/2025, emitida tras una investigación de oficio iniciada por la CDHEC, documenta de manera contundente las violaciones al derecho a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de los agentes del GRT, la omisión en brindar atención médica inmediata a la víctima y la falta de profesionalismo en la documentación de los hechos.
Estas acciones y omisiones, perpetradas bajo el mando del Ayuntamiento de Torreón, evidencian una prestación indebida del servicio público y un ejercicio arbitrario de la función policial, contrarios a los principios de un Estado democrático de derecho.
El diputado Attolini subraya que el cumplimiento de los diez puntos resolutivos de la recomendación no es opcional ni puede realizarse de manera parcial. Estos puntos, que incluyen desde una disculpa pública hasta la reparación del daño, la implementación de protocolos homologados y la capacitación de los agentes del GRT, son indispensables para garantizar justicia, reparación integral y la no repetición de hechos tan aberrantes. Entre las medidas exigidas se encuentran:
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Disculpa pública por parte del presidente municipal y el director de la DSPM Torreón, reconociendo los hechos y asumiendo responsabilidades.
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Inicio de un procedimiento administrativo contra los agentes responsables.
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Coadyuvancia con las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos.
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Atención médica, psicológica y jurídica especializada para los familiares de la víctima.
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Reparación del daño material y moral conforme a estándares internacionales.
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Creación de un protocolo homologado para operativos de auxilio judicial.
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Emisión de disposiciones para evitar actos discriminatorios contra comunidades ejidales.
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Instrucción a los agentes del GRT para garantizar atención médica inmediata en casos de personas heridas.
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Capacitación continua en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y protocolos de actuación.
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Designación de un enlace para coordinar el cumplimiento de la recomendación y su publicación en plataformas oficiales.
El pasado 3 de junio de 2025, el Ayuntamiento de Torreón aceptó formalmente la Recomendación 07/2025, comprometiéndose a cumplirla. Sin embargo, a la fecha no se han presentado avances sustantivos que demuestren un compromiso real con las víctimas y con la justicia.
El diputado Attolini advierte que cualquier intento de eludir o cumplir a medias estas obligaciones será considerado un acto de desacato, conforme a los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El operativo en el Ejido Nuevo Mieleras no solo dejó una víctima fatal, sino que expuso la fragilidad de nuestras instituciones frente al abuso de poder. No toleraremos que el presidente municipal Román Cepeda, como responsable directo, se escabulla de su deber de garantizar justicia y reparación. Exigimos que se presenten pruebas concretas del cumplimiento de cada uno de los puntos recomendatorios ante la CDHEC y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso de los Diputados. No puede haber impunidad ni medias tintas frente a una violación tan grave al derecho a la vida”, declaró el diputado.
El legislador hace un llamado al pueblo de Coahuila para mantenerse vigilante y exigir transparencia, al tiempo que reitera su compromiso de dar seguimiento puntual al cumplimiento de esta recomendación, garantizando que los derechos de las víctimas y sus familias sean respetados. Asimismo, invita a las autoridades municipales a actuar con responsabilidad y a no repetir prácticas que vulneren los derechos fundamentales de las y los coahuilenses.
