El Gobierno Federal anunció que Grupo Salinas acumula un adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos, derivado de créditos fiscales que se mantienen sin pago desde hace más de una década. De acuerdo con información oficial, la empresa ha desplegado una estrategia de litigios prolongados para impedir que los recursos lleguen a la hacienda pública.
#MañaneraDelPueblo 👉 @RicardoBSalinas Expuesto
Durante la conferencia matutina de la Presidenta @Claudiashein, se mostró la deuda de Grupo #Salinas, la cual asciende a más de 74 mil mdp.
Estas practicas acabarán con el nuevo #PoderJudicial. pic.twitter.com/ZlQNyfudXC— El Soberano (@ElSoberanoMX) June 27, 2025
El informe, presentado la mañana de este viernes 27 de junio en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señala que existen 32 casos activos que se encuentran en diversas instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otros órganos jurisdiccionales.
El desglose de los casos y montos es el siguiente:
- Suprema Corte de Justicia de la Nación: 3 asuntos por un total de 26 mil millones de pesos.
- Tribunales Colegiados de Circuito: 5 casos que suman 20 mil millones.
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 11 juicios por 8 mil millones.
- Otras instancias: 13 procedimientos con un adeudo de 20 mil millones.
En total, los litigios equivalen a 74 mil millones de pesos que no han podido recuperarse.
Además, el documento describe un modus operandi mediante el cual la empresa interpone amparos, recursos, juicios de nulidad e incluso recusaciones de jueces y magistrados. Esta táctica permite prolongar indefinidamente los procesos y retrasar la ejecución de los créditos fiscales.
Un ejemplo ilustrativo es un expediente originado en 2008:
- Ese año se generó el adeudo.
- El SAT inició la revisión en 2009.
- En 2013 determinó los créditos fiscales omitidos.
- Entre 2016 y 2020 se promovieron juicios y recursos administrativos.
- De 2021 a 2023 se interpusieron amparos y nuevos recursos.
- En 2023 y 2024, el caso llegó finalmente a la Suprema Corte.
En total, han pasado 16 años sin que se concrete el pago.
El informe advierte que estas prácticas atentan contra los principios de una justicia pronta e imparcial y que, en algunos casos, la demora se atribuye también a la actuación de ciertos juzgadores que retrasan resoluciones clave.
“Estas nocivas prácticas atentan contra la Constitución, la justicia y el bienestar del pueblo de México”, señala el documento, que además subraya que existen criterios claros de la Suprema Corte que validan la legalidad de los procedimientos realizados por el SAT.
Criterios judiciales y próximos pasos
Según la información oficial, los litigios no deberían prolongarse indefinidamente, pues la Corte ya ha establecido jurisprudencia que respalda la actuación de la autoridad fiscal. No obstante, el grupo empresarial continúa interponiendo medios de defensa con el objetivo de impedir el cobro.
El documento concluye que se mantendrán las acciones legales para que los recursos ingresen finalmente a las finanzas públicas.
