Buen Gobierno sanciona a proveedora por falsear información en contrato de medicamentos del IMSS
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se impuso una sanción a Belén Olvera Jiménez por irregularidades en un contrato público. La medida incluye una multa de 808 mil 248 pesos y la inhabilitación por un año y seis meses para participar, directa o indirectamente, en contrataciones con la Administración Pública Federal. De acuerdo con la dependencia, la sanción se debe a que la proveedora presentó información falsa durante la vigencia de un contrato firmado el 25 de febrero de 2022, relacionado con la adquisición de medicamentos mediante un proceso de adjudicación directa internacional. En particular, se detectaron irregularidades en cuatro certificados de análisis de producto terminado. La resolución fue notificada el 9 de marzo de 2026 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de que la persona ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide celebrar nuevos contratos con el gobierno. La Secretaría señaló que la sanción se impuso conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad, aunque la implicada aún puede impugnar la resolución. No obstante, la autoridad adelantó que defenderá la medida al considerar que se actuó en protección del interés público. Con este caso, el gobierno federal reiteró que falsear información en contratos públicos tiene consecuencias y reafirmó su compromiso con la transparencia en las compras gubernamentales.
Buen Gobierno sanciona a empresa por mentir al IMSS: multa e inhabilitación por un año
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del órgano interno de control en el IMSS, impuso una multa de más de 643 mil pesos y la inhabilitación por un año a la empresa Lavandería y Tintorería de la Península, S.A. de C.V., por irregularidades en un proceso de contratación pública. La sanción se derivó de que la compañía presentó información falsa durante su participación en una licitación nacional para brindar servicios de lavado y manejo de ropa hospitalaria en distintas unidades del IMSS. En específico, la empresa entregó una constancia ambiental inválida, lo que constituye una falta grave dentro de los procedimientos de contratación gubernamental. La medida fue notificada el pasado 6 de marzo de 2026 y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de que la empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevos contratos con el Gobierno de México. Autoridades señalaron que la sanción fue impuesta con apego a la ley y bajo criterios de proporcionalidad, aunque la empresa aún tiene la posibilidad de impugnarla. Con esta acción, la dependencia reafirmó su postura: engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias, y se mantendrá firme en la defensa de la legalidad y la transparencia en las compras gubernamentales.
Escándalo en Aguascalientes: arrestan a socio empresarial de la gobernadora Tere Jiménez
Eugenio Javier Maíz Domene, empresario y dueño de la firma Next Energy, fue detenido y acusado de un presunto fraude millonario relacionado con un contrato firmado en 2019, de acuerdo con reportes oficiales y judiciales conocidos este día. El caso ha generado polémica debido a que el proyecto fue impulsado cuando Teresa Jiménez se desempeñaba como alcaldesa de Aguascalientes, periodo en el que se anunció la construcción de un parque fotovoltaico que, según la acusación, nunca fue entregado, pese a que se habrían erogado más de 500 millones de pesos de recursos públicos. Las autoridades investigan posibles irregularidades en la asignación, ejecución y cumplimiento del contrato, así como el destino de los recursos pagados por el municipio. Hasta el momento, el proyecto energético no registra avances operativos ni infraestructura en funcionamiento, según información pública. La defensa del empresario no ha emitido una postura oficial, mientras que el proceso legal seguirá su curso para determinar responsabilidades penales y administrativas. En tanto, autoridades estatales y municipales han señalado que corresponde a las instancias judiciales esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho. El caso se suma a una serie de investigaciones sobre contratos públicos de alto monto y vuelve a poner en el centro del debate la transparencia, la rendición de cuentas y el uso de recursos del erario.
Rojo de la Vega esconde gasto millonario de los tótems públicos en la Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, se negó a proporcionar información clave sobre el costo y los contratos relacionados con la producción e instalación de tótems metálicos en espacios públicos, tras una solicitud de datos hecha por el medio Latinus. La instalación de estas estructuras —colocadas en banquetas, camellones y parques— ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y finalidad. En respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la alcaldía afirmó que no cuenta con contratos ni documentos relacionados con los tótems metálicos durante el ejercicio fiscal 2025, pese a que en semanas recientes se han observado decenas de estas estructuras ubicadas en diversos puntos de la demarcación, considerada el corazón de la capital por su actividad económica y cultural. Los tótems, que tienen un diseño inspirado en la emblemática escultura de la Diana Cazadora, han sido instalados sin que la alcaldía haya presentado los permisos o el desglose de gastos correspondientes, lo que ha encendido la discusión sobre el uso de recursos públicos para obras cuyo impacto o utilidad no ha sido aclarada por las autoridades. Esta falta de transparencia ocurre en un contexto de disputa política entre la alcaldesa y legisladores de Morena en la Ciudad de México, que han exigido explicaciones sobre este y otros temas relacionados con la gestión de la demarcación. El partido oficial incluso ha promovido acciones para cuestionar el manejo del gobierno local dirigido por Rojo de la Vega. En julio pasado, la alcaldesa ordenó el retiro de una escultura histórica de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro en la colonia Tabacalera, lo que generó indignación pública y críticas de diversos sectores políticos. Este antecedente ha alimentado el debate sobre las recientes intervenciones en el espacio público y la opacidad en la rendición de cuentas. Además, la polémica por los tótems se suma a llamados realizados por el Congreso de la Ciudad de México para que la alcaldía entregue informes pormenorizados sobre los costos, funciones y beneficios de los tótems luminosos, cuyo costo estimado por unidad supera los 150 mil pesos según datos legislativos, y cuya utilidad ha sido puesta en duda por vecinos y representantes. La falta de acceso a esta información clave plantea preguntas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos en una de las alcaldías más transitadas y diversas de la Ciudad de México, donde la administración local sostiene distintas políticas de ordenamiento urbano y equipamiento del espacio público al tiempo que enfrenta escrutinio político y social.
Nueva denuncia contra Francisco García Cabeza de Vaca en la FGR
En la Fiscalía General de la República (FGR), el Diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el Presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera presentaron una nueva denuncia contra el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el operativo de Huachicoleo Fiscal. Entrevistados, al finalizar la entrega de la denuncia, los Legisladores dieron detalles de la nueva acusación contra el ex mandatario tamaulipeco. En compañía de la maestra Lupita Gómez, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, los diputados señalaron los presuntos vínculos que tuvieron en esta operación y pidieron a la nueva fiscal de la República que abra una investigación. Coincidieron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia. A las 14:00 horas de este lunes 8 de diciembre, acudirán presencialmente a la SCJN a presentar miles de firmas que apoyan todas las denuncias que hay en contra del Francisco García Cabeza de Vaca.
Buen Gobierno inhabilita a ABC SIVMED por fraude en licitación
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que, a través del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V., impuso a la empresa ABC SIVMED, S.A. DE C.V., una multa de 171 mil 973 pesos y una inhabilitación por tres meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. La sanción se impuso porque la empresa proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública número LA-07-HZI-007HZI999-N-62-2025, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Conservación al Sistema de Bombeo e Intercambiadores de Agua Helada y Caliente (segunda convocatoria)”; consistente en tres facturas (CFDI). #ComunicadoBuenGobierno La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso a la empresa ABC SIVMED, S.A. DE C.V., una multa de más de 171 mil pesos y una inhabilitación por 3 meses para participar en procedimientos de contratación con la #APF. 📄 https://t.co/sv6Py3PAun pic.twitter.com/0h8oXWTyVi — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) November 18, 2025 La notificación de la sanción se realizó el 06 de noviembre de 2025 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, ABC SIVMED, S.A. DE C.V. ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, esta Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas.Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias. Consulta las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados en: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/.
Denuncian que Ricardo Salinas obliga a trabajadores de Elektra a asistir a marchas políticas: extrabajadores confirman amenazas y presiones internas
Denuncias de trabajadores de la tienda Elektra señalan que habrían sido presionados o amenazados con sanciones laborales en caso de no asistir a movilizaciones políticas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y ética de tales prácticas. Según los testimonios recabados en redes sociales empleados de Elektra reportan que se les notificó que su presencia en marchas convocadas por partidos o autoridades públicas sería “obligatoria”, bajo la advertencia de que podrían enfrentar despido, sanciones o condicionar beneficios laborales si no acudían. Si bien los casos específicos dentro de la empresa aún no han sido plenamente documentados por medios confiables, la práctica coincide con denuncias similares de “acarreo” o presión laboral en otros contextos gubernamentales. La legislación mexicana prohíbe el condicionamiento del empleo al ejercicio de derechos políticos o de manifestación. Obligar a trabajadores a acudir a un evento político, bajo amenaza de sanción, podría configurar una forma de coacción laboral y política que vulnera derechos fundamentales. Los sindicatos y defensores laborales advierten que tales prácticas deterioran la autonomía sindical y afectan la libertad de expresión. Impacto y preocupaciones Libertad de expresión y participación política: La obligación o presión para asistir a marchas políticas compromete el carácter libre y voluntario de la participación ciudadana. Condición laboral: Los trabajadores denunciantes reportan temor a represalias, lo que genera un ambiente de inseguridad y miedo dentro de la empresa. Credibilidad de movilizaciones: Cuando las movilizaciones son alimentadas por mecanismos de presión laboral, se erosiona la legitimidad de las protestas ciudadanas y se reduce la voz auténtica del pueblo. Las denuncias de empleados de Elektra sobre presiones para asistir a movilizaciones políticas constituyen una alerta sobre posibles abusos en el ámbito laboral y político. En un país donde la libertad de manifestación y de trabajo deben protegerse, este tipo de prácticas merecen atención y una investigación seria para garantizar que ningún trabajador sea coaccionado a participar en movilizaciones con fines partidistas.
Caen los casinos de Salinas Pliego: UIF destapa millonario lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrieron una investigación contra 13 casinos que operaban como centros de lavado de dinero en ocho estados del país. Entre ellos destacan dos que operan en línea vinculados a Grupo Salinas: Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas empresas bajo el control del empresario Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con la UIF, las casas de apuestas vinculadas al conglomerado realizaban simulaciones de apuestas, premios inflados y triangulación de recursos hacia cuentas en Rumania, Malta, Suiza y Estados Unidos, utilizando plataformas digitales sin regulación y empresas fachada. El esquema, diseñado para blanquear capitales millonarios, operaba principalmente con efectivo y robo de identidad, utilizando los datos de ciudadanos comunes para justificar movimientos ilícitos. #MañaneraDelPueblo🎰 El juego sucio del dinero Así operaban los casinos ilícitos usados para lavar millones de pesos: un negocio redondo que por años funcionó bajo la sombra de la corrupción. 👉🏼Hoy, las autoridades de la #4T combaten este crimen. pic.twitter.com/fqWqZqsEuw — El Soberano (@ElSoberanoMX) November 12, 2025 Los permisos de operación datan del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el sector de casinos fue convertido en un negocio de élite controlado por empresarios cercanos al poder. Hoy, la UIF confirma que ese mismo modelo sirvió para consolidar una red de evasión fiscal y lavado financiero bajo la fachada del entretenimiento. En respuesta, Grupo Salinas aseguró que se trata de “acoso político” y acusó al Gobierno federal de querer “silenciar a los empresarios críticos”. Sin embargo, la UIF desmintió tajantemente esa versión: no se trata de persecución, sino de rendición de cuentas. “Nadie está por encima de la ley, por mucho dinero o influencia mediática que tenga”, sostuvo una fuente del organismo. El empresario Ricardo Salinas Pliego, lejos de ofrecer explicaciones sobre los hechos, recurrió nuevamente a las redes sociales para descalificar a las autoridades y presentarse como víctima. No es la primera vez: en los últimos años, Salinas ha acumulado multas fiscales, juicios pendientes con el SAT y sanciones de la CNBV, mientras se niega a cumplir con sus obligaciones tributarias. El Gobierno federal ha sido claro: la investigación no tiene motivaciones políticas. El objetivo es erradicar la impunidad financiera y los privilegios de quienes durante décadas usaron sus medios y poder económico para evadir la ley. “El dinero no da fuero, ni las pantallas de televisión son escudos de impunidad”, señalaron autoridades de Hacienda. Como parte de las medidas precautorias, la UIF ordenó el congelamiento de cuentas bancarias, la suspensión temporal de operaciones y la colaboración con organismos internacionales, como la OFAC de Estados Unidos, para rastrear los flujos financieros relacionados. Además, tres altos ejecutivos de Grupo Salinas fueron citados a declarar por presunta colusión en operaciones ilícitas y transferencia de capitales sin sustento fiscal. Se prevé que en los próximos días la SHCP amplíe la revisión de los contratos y las operaciones de las filiales involucradas. El caso marca un punto de quiebre en la relación entre el poder económico y el Estado mexicano: por primera vez, uno de los empresarios más ricos y mediáticos del país enfrenta una investigación formal por lavado de dinero, sin privilegios ni inmunidad política.
Sergio Gutiérrez Luna exhibe el privilegio de Cabeza de Vaca: prófugo en McAllen… ¡y aún con escoltas del gobierno de Tamaulipas!
El Diputado Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reveló que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, continúa beneficiándose del erario público al mantener a su servicio un costoso esquema de seguridad personal que él mismo se otorgó antes de concluir su mandato. Gutiérrez Luna explicó que en 2021, previo a dejar el cargo, Cabeza de Vaca reformó la Constitución local con el Árticulo 19-Bis en la que se garantizó seguridad personal a costa de los recursos públicos, que dice: “Asimismo, con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”. Posteriormente, en 2022, se autoasignó 36 policías estatales, que en su momento pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES); 36 armas de fuego y tres vehículos blindados, todo con cargo al presupuesto del Estado. ¿Sabías que Cabeza de Vaca, a pesar de ser prófugo de la justicia y vivir en McAllen tiene de escoltas a 36 policías estatales de Tamaulipas y eso le ha costado al pueblo 63 millones de pesos? Aquí te cuento👇 pic.twitter.com/GD8yWM7t1r — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) November 12, 2025 El legislador detalló que dicho esquema representa un gasto mensual de más de 1 millón 750 mil pesos, considerando: •Sueldo bruto de 36 policías estatales: $1,296,000.00 •Armas y mantenimiento: $108,000.00 •Renta de 3 vehículos blindados: $300,000.00 En total, este gasto equivale a más de 63 millones de pesos desde septiembre de 2022 a la fecha. “Es inconcebible que los policias custodien a un prófugo que vive en McAllen, tiene ordenes de aprehensión y ficha roja de la Interpol, cuando deberían estar cuidando al pueblo de gente como él. Es un abuso y un acto de cinismo”, sostuvo Gutiérrez Luna. Recordó que se han intentado varias acciones para que deje de abusar de los recursos de los tamaulipecos, sin embargo, Cabeza de Vaca se ha amparado una y otra vez siendo protegido por jueces federales de Reynosa para continuar con su protección y seguridad personalizada. “Estas aberraciones evidencian el patrón de abuso y simulación con el que actuó el exgobernador”, finalizó.
Grupo Salinas se atrinchera: prevé perder en la Corte y amenaza con demandar al SAT por 48 mil millones de pesos
El grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego anticipa un fallo adverso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los juicios fiscales que enfrenta, y ha advertido que se prepara para demandar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a quienes resulten responsables por lo que califica como un “silencio administrativo doloso”. Los procesos en disputa equivalen a más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales, multas, recargos y actualizaciones reclamados a empresas del conglomerado, entre ellas TV Azteca y Elektra, por ejercicios fiscales que datan desde 2008. En un comunicado, Grupo Salinas sostuvo que enfrenta cobros indebidos y dobles por el mismo impuesto, además de prácticas que considera inconstitucionales. La empresa advirtió que, de confirmarse un revés judicial, llevará su caso a instancias nacionales e internacionales, incluyendo tribunales de derechos humanos. En los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México. Como habíamos advertido, la justicia en el país ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la @SCJN totalmente doblegados al poder político. Reiteramos… pic.twitter.com/CahCjxMVTl — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 9, 2025 La Corte, por su parte, determinó continuar con el dictado de las resoluciones pendientes y negó cualquier prórroga solicitada por el grupo, al considerar que no existe fundamento legal para aplazar los fallos. El conflicto marca un punto clave en el combate fiscal del gobierno federal, que ha reiterado su postura de que “el cumplimiento tributario no es opcional” y que todos los contribuyentes, sin excepción, deben rendir cuentas ante la ley.
