En su penúltimo año al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la entonces presidenta Norma Piña Hernández dejó un agujero millonario en las finanzas del Poder Judicial. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incumplió la ley en materia de contrataciones públicas, generando un probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos.

La revisión forense detectó pagos a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de servicios. Por estas irregularidades, la ASF inició 11 procedimientos de investigación y sanción contra los responsables.

Pagos sin justificar

El informe de la ASF, correspondiente a la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024, detalla los principales hallazgos:

• 21.4 millones de pesos pagados por servicios de seguridad y vigilancia sin comprobantes.

• 49.4 millones sin acreditar trabajos de mantenimiento y limpieza.

• 201 millones sin documentación por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado.

Además, el CJF no ejecutó una póliza de fianza de 431 mil pesos, derivada de la suspensión de dos meses del servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca.

En total, el monto pendiente por aclarar asciende a 272 millones 437 mil 450 pesos, lo que evidencia que las acciones emprendidas para fortalecer el control interno fueron insuficientes para garantizar la transparencia y la observancia de la ley.

Violaciones normativas

La ASF identificó incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente por no cumplir los requisitos de comprobación del gasto público.

Este caso se documenta tras la desaparición del CJF, derivada de la reforma judicial, cuya infraestructura y funciones fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial. La auditoría deja en evidencia la falta de control, rendición de cuentas y gestión responsable de recursos públicos durante la administración de Norma Piña.

Lo que debía ser un órgano garante de la legalidad y la disciplina judicial terminó convirtiéndose en un ejemplo de opacidad y mal manejo de los recursos del Estado.