La Cámara de Diputados ratificó los cambios que el Senado realizó a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, endureciendo las penas y enviando el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con esta reforma, el tipo penal básico pasará de 6-15 años a 15-25 años de prisión, mientras que policías o funcionarios de cárceles que no denuncien extorsiones enfrentarán entre 10 y 20 años, más agravantes, consolidando un marco legal más estricto contra este delito.
Durante la discusión, legisladores del PAN y PRI criticaron a Morena por su manejo de la ley, recordando que habían advertido sobre los riesgos de mantener penas menores y cuestionando la postura del oficialismo durante la sesión del 28 de octubre. Marcelo Torres Cofiño (PAN) señaló que, al subir a la tribuna a “dar cátedra de derecho”, los diputados de Morena mostraron soberbia y desconocimiento del contexto legal, algo que el Senado corrigió con la modificación de las sanciones.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la reforma y reafirmó su postura garantista, señalando que el endurecimiento de las penas no resuelve por sí solo el problema de la extorsión en el país. Subrayó que el sistema bicameral funciona como revisor de los actos de cada cámara y que la discusión y ajuste de leyes es un mecanismo normal de control y equilibrio en el Legislativo, rechazando cualquier crítica como ataques personales o descalificaciones hacia su partido.
