El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo en el Centro Histórico que permitió el decomiso de 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos, como parte de la estrategia para erradicar la venta de mercancía ilegal en la vía pública y proteger la salud de la población.
La acción, realizada el 9 de enero, incluyó el levantamiento de un puesto semifijo y el aseguramiento de una bodega ubicada en la calle de Peña y Peña, dentro del Primer Cuadro de la capital. Con este decomiso, la administración capitalina suma más de 24 mil 572 productos ilegales retirados previamente en la zona.
Durante la presentación de la mercancía asegurada, a un costado de la Plaza de la Constitución, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que los vapeadores representan un grave riesgo para la salud, al señalar que una sola descarga de estos dispositivos puede equivaler hasta a cuatro cajetillas de cigarro en contenido de nicotina.
“El Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. No vamos a permitir la venta de productos prohibidos que dañan la salud y el espacio público”, afirmó la mandataria, al destacar que estos operativos forman parte de un proyecto integral de recuperación del corazón de la ciudad.
El Secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que el valor estimado de la mercancía asegurada asciende a cerca de 10 millones de pesos, y confirmó la detención de un hombre de 26 años que portaba armas y marihuana, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Los vapeadores fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) para su destrucción.
Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, explicó que la reforma a la Ley General de Salud establece un marco legal claro para prohibir la comercialización de vapeadores, al tratarse de dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas y adictivas, especialmente dañinas para niñas, niños y adolescentes.
La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, precisó que la medida no criminaliza a las personas consumidoras, sino que prohíbe el negocio y el lucro de estos productos por sus efectos comprobables en la salud pública, reiterando el compromiso institucional para actuar de manera coordinada con autoridades federales.
Finalmente, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, respaldó la estrategia y subrayó que el Estado no puede ser omiso frente a prácticas que fomentan adicciones y ponen en riesgo a la población, enviando un mensaje claro de cero tolerancia al comercio ilegal de vapeadores.
